El sector de la dependencia calcula que hay 500.000 empleos 'en negro' que reflotar
Una patronal del área reclama que se apliquen en España las deducciones fiscales del modelo francés para recortar la economía sumergida
La atención a personas mayores, el cuidado de niños o las clases de apoyo son actividades que suelen pasar desapercibidas ante la economía y el fisco por su desarrollo en el interior de los hogares. Una asociación de empresas del sector calcula que sólo en el área de personas dependientes hay 500.000 empleos sumergidos, y que si se incluyen las otras actividades citadas podrían reflotarse hasta un millón de empleos en negro.
La Asociación Española de Servicios a la Persona (Aesp) agrupa a empresas como Alares, especializada en la asistencia familiar o Acadomia, centrada en la educación a domicilio. La patronal tasa la economía sumergida en el 23% del PIB (240.000 millones de euros), y considera que en el área de la dependencia el 90% del empleo es ilegal.
"Si las familias tienen que pagar un sólo euro más por un empleado regulado, no podrán contratarlo", expone el presidente de Aesp, Javier Benavente. Por eso, apuesta por "situar el IVA al cero, contar con deducciones en el IRPF y rebajar las cotizaciones sociales para los empleados del sector".
Cheque por servicio
También forma parte de esta asociación la empresa de tickets de comida Chèque Dèjeneur, puesto que el colectivo aboga por implantar en España el modelo francés conocido como "Borloo". æpermil;ste conlleva la creación de un "documento de pago" asociado a las ventajas fiscales anteriormente mencionadas, que según el informe logró aflorar medio millón de empleos sumergidos en el país vecino. "Cuando se hizo esta reforma en Francia el coste de dar una clase en negro era la mitad de hacerlo legalmente", ilustró Thierry Romero (Acadomia), miembro de la junta directiva de Aesp.
El documento expone que este ejemplo ha sido seguido ya por otros países, como Austria, Finlandia o Reino Unido, que también utilizan el sistema de cheques por servicio. Los cálculos de la asociación indican que de implantarse la reforma que proponen, se ganarían un millón de afiliados a largo plazo. Apuntan a 300.000 nuevos registrados en los dos próximos años, y unos 700.000 para 2013.
"Muchas de las personas que desarrollan estas ocupaciones están cobrando el paro", aseguró Benavente. "No pedimos un gran desembolso al Estado", subrayó. En su opinión, pese a que los ingresos fueran mínimos el país ganaría en cotizantes, y reducirá el gasto social.