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Informe de la investigación

Ocho años de espionaje impune en Bruselas

Bruselas descubrió en 2003 que el edificio donde se celebran las cumbres europeas estaba "pinchado" desde su inauguración en 1995.

Tras ocho años de investigaciones, las negligencias del Consejo Europeo y la torpeza de las autoridades belgas han logrado que nadie rinda cuentas por colocar micrófonos en una sede oficial que pisaban entonces con frecuencia desde Aznar, Blair, Schröder o Chirac.

La investigación realizada desde el sorprendente descubrimiento se ha llevado a cabo "de manera bastante informal y más bien desordenada, sin ningún plan de actuación estructurado", ha concluido esta semana un demoledor informe del Comité permanente de supervisión de los servicios de inteligencia belgas.

Como consecuencia, sigue sin saberse el riesgo que corrió la seguridad de la principal institución ni la transcendencia de la información obtenida, al parecer, por alguna potencia extranjera. Entre 1995 y 2003, el edificio pinchado fue escenario de negociaciones tan trascendentales como las previas al nacimiento del euro, la creación del Banco Central Europeo o la actuación europea en las guerras de los Balcanes.

Los aparatos de grabación se descubrieron en cabinas de traducción y en las líneas telefónicas de las delegaciones de España, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otras.

La pista inicial apuntó a Israel, como reveló El País en marzo de 2003, pero las pesquisas, por incapacidad o por falta de interés, no han llegado a ninguna conclusión.

El Comité ha constatado, en concreto, el retraso de la institución europea en denunciar las escuchas ilegales (tardó mes y medio en comunicarlo a las autoridades judiciales). Y describe una sucesión de chapuzas por parte de los investigadores que, si no fuera por la aparente gravedad de lo ocurrido, parecerían propias de una aventura de Mortadelo y Filemón.

Desde técnicos que no disponen de herramientas adecuadas para desarmar las "cajas negras" de las escuchas hasta el inexplicable traslado de esas "cajas" al extranjero antes de la puesta en marcha de la investigación oficial.

"Tal sucesión de contratiempos no puede más que manchar nuestra imagen de marca", advierte una y otra vez un comisario de la Policía federal belga durante el transcurso de la investigación, según los documentos a los que ha tenido acceso el Comité.

Se empezó por colocar unas cámaras ocultas para intentar sorprender a los manipuladores de los micrófonos, a pesar de que el pinchazo se hizo durante la construcción del edifico Justus Lipsius, sede del Consejo, y de que la grabación se podía poner en marcha desde el exterior. La filmación no aportó ninguna prueba concluyente conocida y se suspendió tras una filtración al diario francés Le Figaro, que el 19 de marzo de 2003 desveló el escandaloso caso de espionaje.

Sólo entonces se avisó del incidente a los servicios de contraespionaje belgas. Y el 15 de abril de aquel año, el Consejo Europeo denunció por fin la presencia de aparatos de grabación ajenos a su red de telefonía descubiertos ¡el 28 de febrero! "Para los altos cargos del Consejo, las pesquisas no tenían ningún carácter prioritario", han declarado al Comité representantes del servicio de seguridad de la institución europea. El español Javier Solana ocupaba entonces el puesto de Secretario General del Consejo.

La línea de investigación inicial apuntó a cuatro técnicos que habían realizado cursos de información en Israel a través de la empresa Comverse Infosys (hoy conocida como Verint), que fue la encargada de instalar el servicio de traducción en el Justus Lipsius. La empresa, según el informe del Comité, "pertenecía en un 40% al ministerio israelí de Interior, ligada por tanto al Mossad [servicios secretos de ese país]".

La pista, sin embargo, no prosperó. Y tras escrutar la situación familiar y financiera de alguno de los técnicos, "no se pudo encontrar nada significativos contra ellos".

La investigación, según el relato del Comité, se convierte a partir de entonces en una maraña de malentendidos, rivalidades y desconfianza entre los órganos de seguridad del Estado belga involucrados. Y languidece hasta casi extinguirse a mediados de 2006. La justicia belga parece ahora dispuesta a archivar el expediente sin identificar a ningún presunto responsable.

El Comité recomienda que en el futuro se refuercen los servicios de seguridad nacional porque Bélgica, sede de la Otan y la Unión Europea "es un objetivo prioritario del espionaje internacional". Sugiere también que se extreme la precaución a la hora de seleccionar los proveedores del material técnico destinado al tratamiento de información sensible o clasificada. El informe concluye con la oferta que los servicios de inteligencia belga han formulado a las instituciones europeas para negociar un protocolo de actuación en futuros casos de espionaje. "Ni el Consejo ni la Comisión [Europea] han respondido", rematan los mismos servicios.

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