Más de un año de retraso en la ley antiblanqueo

En el mes de octubre de 2005, el Parlamento Europeo aprobó la tercera directiva contra el blanqueo de capitales, una nueva norma que amplía las obligaciones y la responsabilidad de entidades de crédito, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias y casinos, entre otros, en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación terrorista. Cuatro años más tarde, España sigue sin transponer la directiva, cuyo plazo terminó en diciembre de 2007.

La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de la UE a España, Bélgica, Irlanda y Suecia por ese retraso. El Gobierno defiende que muchos preceptos de la normativa comunitaria ya se encuentran reflejados en el derecho interno. Sin embargo, ello aún hace más incomprensible esta demora. En marzo de 2008, la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, justificó la tardanza en que la transposición requería de 'tranquilidad y consenso'. Fuentes del Ministerio de Economía sostienen que antes del verano ya habrá un primer borrador sobre el que trabajar. El retraso de España también sorprende porque el Gobierno se ha sumado a Alemania en los foros internacionales para reclamar más dureza contra los paraísos fiscales, lugares privilegiados para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

La tercera directiva antiblanqueo presenta como novedad el llamado 'criterio de riesgo'. Es decir, las entidades de crédito, asesores fiscales, abogados o notarios deben demostrar que poseen las herramientas adecuadas para evaluar el riesgo de que uno de sus clientes utilice sus servicios para blanquear dinero o financiar terroristas. El objetivo último es involucrar -y responsabilizar- a todos aquellos profesionales que, aún sin saberlo, puedan servir a los intereses de grupos criminales que precisan de abogados, asesores o notarios para dar una apariencia de legalidad a sus negocios.

Los 'sujetos obligados' -así los denomina la directiva- deben identificar a su cliente, evaluar si existe riesgo de blanqueo, obtener información sobre su propósito y aplicar medidas de seguimiento continuo al cliente. Si bien las grandes empresas cuentan con recursos y herramientas para acatar los preceptos de la normativa, los pequeños bufetes y despachos temen no poder cumplir, por su reducido tamaño, con todas las obligaciones que contiene la norma.

Cuando un asesor o notario sospecha que alguno de sus clientes puede estar blanqueando dinero tiene la obligación de informar a las autoridades competentes. En España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Los expertos consideran que la actual legislación española contra el blanqueo camina en la misma dirección que la tercera directiva y, por tanto, su adaptación al derecho interno no va a ocasionar grandes cambios. Sin embargo, también constatan que el cumplimiento de las leyes antiblanqueo es muy bajo. Así, la transposición de la directiva podría ser una excusa para que el Gobierno aumente el control sobre los 'sujetos obligados'.

De hecho, muchos despachos de abogados, asesores fiscales y auditores temen que, en un contexto de crisis económica, deban aumentar los recursos para cumplir con la normativa. Por otra parte, existe cierta incertidumbre jurídica para delimitar dónde termina el secreto profesional que ampara a los abogados por ejemplo, y dónde empieza la obligación de informar cuando existan indicios de blanqueo.

Los últimos datos disponibles muestran que el Sepblac abrió 3.744 investigaciones por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en 2007, un 17,4% más que el año anterior. Este organismo pone en marcha su maquinaria a partir de los avisos de operaciones sospechosas que recibe o por la solicitud de información de otros organismos nacionales o internacionales.

Las fuentes del Sepblac

La mayoría de chivatazos llegan a través de bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, compañías que por ley están obligadas a informar. Otras entidades y profesionales, que también deben acudir a la Administración cuando intuyan que un cliente pretende blanquear dinero, presentan una colaboración más modesta. En 2007, sólo cinco asesores fiscales alertaron al Sepblac acerca de negocios turbios.

Las promotoras inmobiliarias, por su parte, sólo denunciaron 42 operaciones sospechosas en 2007. Una cifra muy baja pero que supone un 68% más que el año anterior. Precisamente el ladrillo es un sector que tradicionalmente ha servido de refugio para el dinero de dudosa procedencia. Por ejemplo, la mayoría de investigaciones de la Agencia Tributaria de operaciones en las que se han utilizado un gran número de billetes de 500 euros -indicio evidente de fraude fiscal- se centran en la compraventa de inmuebles.