Crisis en el sector inmobiliario
Empresas con problemas
Víctimas del agotamiento del sector
La inmobiliaria Llanera fue la primera empresa del sector en solicitar el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Muchas otras compañías han seguido sus pasos desde entonces, y otras cuantas se han visto obligadas a refinanciar su deuda con los acreedores para sobrevivir. La crisis pasa factura y asfixia a inmobiliarias y constructoras, que se han encontrado de repente con elevadas deudas imposibles de afrontar..
Llanera: La inmobiliaria valenciana solicitó en octubre pasado el concurso voluntario de acreedores. Con una deuda de alrededor de 700 millones de euros, seis empresas de la matriz se encontraban en una situación de insolvencia inminente..
Contsa: El grupo sevillano confirmó a comienzos de febrero que no podía hacer frente a las deudas contraídas con sus 1.200 socios e inversores, en su mayoría pequeños ahorradores que le habían confiado entre 2.000 y 600.000 euros cada uno, y pidió la suspensión de pagos..
Habitat: La promotora catalana logró “in extremis” un pacto con la banca para refinanciar su deuda por valor de 1.800 millones de euros. La compañía que preside Bruno Figueras ha llevado a cabo varias desinversiones con el objetivo de tener más liquidez.
Jale: Dos empresas del grupo, Inmobiliaria Amuerga SL y Jale Construcciones SAU, se acogieron voluntariamente al concurso de acreedores ante “la imposibilidad de atender a corto plazo los compromisos de pago”. Y es que su deuda superaba los 300 millones de euros.
Nozar: La sociedad Avalatransa interpuso ante el juzgado una demanda de concurso necesario de acreedores contra la inmobiliaria y su filial constructora Lena por un impago de 312.000 euros. Finalmente, el juez desestimó el concurso contra el grupo de la familia Nozaleda, que se encuentra en pleno proceso de venta de su participación en Colonial.
Seop: Esta constructora, miembro de la patronal Seopan y filial de Silver Eagle, fue la primera en acudir a un concurso voluntario de acreedores tras las Elecciones Generales del 9 de marzo, después de incesantes rumores sobre una posible quiebra. La desaceleración del segmento residencial, que supone cerca del 90% de la actividad de la compañía, y el endurecimiento del sistema financiero le provocó una falta de liquidez y la imposibilidad de pagar a proveedores y trabajadores. La deuda con los acreedores es de unos 356 millones de euros.
Cosmani: Cinco de las 22 empresas que integran la promotora inmobiliaria optaron a finales de marzo por acogerse al proceso concursal al no poder hacer frente a los vencimientos de una deuda que, según la compañía, asciende a 350 millones de euros. Ante la presión de los bancos acreedores, la falta de liquidez se ha impuesto a una solvente situación patrimonial, ya que la compañía cuenta con unos activos valorados en 1.600 millones de euros.
Prasi: La constructora de vivienda protegida, con presencia en Madrid y Castilla y León, aceptó un concurso necesario al que le instaron varios acreedores, después de reconocer que acumula una deuda de 40 millones de euros. Ahora, la compañía ha presentado un ERE para sus 100 trabajadores y queda así abocada a la liquidación, lo que la convertirá previsiblemente en la primera gran constructora de VPO en quebrar por la crisis.
Fbex: La promotora calatalana abrió una negociación con 33 entidades financieras para aplazar el pago de unos 600 millones de euros de una deuda total de 1.800 millones y, en última instancia, sortear la suspensión de pagos.
Lábaro: La sociedad matriz Lábaro Grupo Inmobiliario también ha solicitado la vía concursal con impagos de 39,1 millones de euros a 40 empresas debido a la coyuntura que atraviesa el sector. La deuda acumulada es de unos 700 millones de euros
Temple: La inmobiliaria valenciana, conocida comercialmente como Nou Temple, se sumó a la larga lista de víctimas por la crisis y alegó problemas de liquidez para solicitar el concurso. Acto seguido, inició las gestiones con las entidades financieras con el fin de mantener la financiación de varios proyectos en curso.
Martinsa-Fadesa: El grupo inmobiliario que controla y preside Fernando Martín logró cerrar con los bancos acreedores la refinanciación de su deuda de 5.100 millones, equivalente al 40% del valor total de sus activos. El acuerdo ha permitido a la empresa esquivar el pago de 362 millones que vencía en marzo y evitar el abono de otros dos vencimientos a lo largo de este año, uno de alrededor de 150 millones y un segundo de 2.000 millones.
Detinsa: La compañía ultima la renegociación de una deuda que alcanza el 50% del valor de sus activos: unos 600 millones de euros. La inmobiliaria reconoció atravesar por una “situación delicada” y no pudo cumplir con sus compromisos en el mes de febrero, aunque se recuperó en marzo, lo que le permitió garantizar que actualmente no existen riesgos de solicitar la suspensión de pagos.
