Espero que no. Pero en cualquier caso, nuestra posición sería de rechazo a esa eventualidad que supondría un recorte de derechos y agravaría más que resolver los problemas actualmente existentes.

Lo que hay que hacer es aplicar la legislación vigente que vincula la contratación de emigrantes en origen a las necesidades del mercado laboral español teniendo en cuenta los parados autóctonos e inmigrantes que existan en cada momento. La idea de cobrar el paro parece interesante a priori pero habría que establecer un mecanismo de verificación en el país de retorno para que el dinero se emplee en un puesto de trabajo allí, porque sino, podríamos encontrarnos ante la situación de que el trabajador retornado invirtiera el dinero en otro objetivo y pretendiera volver a nuestro país.

Los analistas hablan de un periodo que puede abarcar desde ahora hasta principios del 2010.

Los sindicatos hacemos de portavoces en las denuncias ante la inspección de trabajo y las fiscalías de seguridad y salud laboral de reciente creación. Lo que ocurre es que no hemos dispuesto hasta la fecha de mecanismos para intervenir en las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra más del 90% de los accidentes mortales. A partir del acuerdo sobre la estrategia española de seguridad y salud que está en vigor desde principio de este año, podremos disponer de agentes de prevención sectoriales y territoriales y esperamos cubrir con estos sindicalistas el hueco que manteníamos en materia de prevención de riesgos laborales y así erradicar esta lacra que es para nosotros un objetivo prioritario.

Los sindicatos ejercemos toda la presión para elevar el salario mínimo. En la anterior legislatura, se elevó el salario mínimo en una cuantía histórica después de 25 años de vigencia del salario mínimo. Fue por una exigencia sindical que hemos vuelto a plantear para esta legislatura y hay un compromiso de elevarlo a 800 euros, que cuenta con la oposición de la patronal. Paralelamente, la UGT en los convenios colectivos estamos planteando el establecimiento de un salario mínimo de convenio garantizado en 1.000 euros al mes.