Los retos de la implantación y el desarrollo de la e-justicia en España

La introducción de las TIC en la Administración de Justicia tiene como objetivo la implantación de una justicia más eficiente.

7 de Abril

De 10:00 a 11:30 am

Resumen del evento

La tecnología, necesaria pero no suficiente en la modernización de la justicia

El reto de una justicia más rápida, eficiente, interoperativa y cercana al ciudadano exige una mayor implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías en todos los niveles de la administración. Pero, según los ponentes del primer Desayuno de Redacción Digital de Cinco Días, la tecnología por sí sola no garantiza incrementar la calidad y la excelencia del la Administración de Justicia, sino que es necesaria la confluencia de otros factores, como un cambio normativo y la especialización de los órganos jurisdiccionales.

Miriam Calavia Rogel - 07/04/2010

El esfuerzo inversor del Estado, a través del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012, y de las autonomías dirigido a logar una justicia tecnológicamente avanzada es histórico, pero "el proceso de modernización es largo y complejo y no sólo depende del montante de la inversión -en 2010 el Gobierno ha comprometido 600 millones de euros en tres años-, sino que requiere un cambio legal que además debe ir acompañado de un cambio de paradigma en la estructura organizativa y en la incorporación de las tecnologías", destaca José de la Mata, director general de Modernización del Ministerio.


Asimismo, Antoni Aliana, director general corporativo y financiero de T-Systems Iberia, asevera que, además de la tecnología, "necesitamos un cambio legal". En la misma línea, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa asegura que "el problema hasta ahora es que la normativa no ha acompañado al cambio tecnológico" y plantea la necesidad de la obligatoriedad de la aplicación de las TIC en la administración judicial porque "si se deja opcional habrá momentos en que lo más cómodo sea no usarlas".


Montserrat Tura, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, comunidad a la vanguardia de la e-justicia -el 75% se las gestiones judiciales en Cataluña están mecanizadas-, cree que la obligación de informatizar y digitalizar la justicia "no tiene que ser sólo por ley, sino porque la sociedad lo demande". Considera que "hace falta incorporar tecnología y mejorarla" para evitar que se acumulen los litigios sin resolver, pero subraya que "los programas informáticos no resuelven todos los problemas judiciales". La intención, añade, "es cualificar a los profesionales, no sustituirlos".


De hecho, José María Anguiano, socio del departamento de tecnologías de la información de Garrigues, opina que una asignatura pendiente es la "capacitación y especialización de los jueces". Por su parte, Gonzalo Díe, de Red.es, piensa que no se trata tanto de obligar como de "demostrar que las tecnologías son útiles en el trabajo diario".


En España, entran anualmente diez millones de casos en los juzgados -más de un millón de ellos en Cataluña-, y mediante sistemas informáticos se han resuelto ya 54 millones. Además, sólo en febrero de este año se ha superado el millón de actos de comunicación electrónica y para el conjunto del año 2010 el Ministerio de Justicia prevé alcanzar entre los 12 y los 14 millones, gracias a la colaboración y coordinación informática de las diferentes comunidades autónomas.


Tura reitera la necesidad de sumar esfuerzos, pero insta también a "hacer que todo lo que suene a slogan de modernidad sea una realidad", un camino por el que ha optado Cataluña, asegura, que ha invertido más de 800 millones de euros en nuevos edificios y 180 millones en sistemas informáticos, pese a lo cual no se ha logrado aumentar el número de procesos resueltos. Por eso, aboga por nuevos esfuerzos porque "el ciudadano espera que las inversiones reviertan en una mayor eficacia".


Anguiano, de Garrigues, asegura que "no hay que ligar el éxito de la justicia a la resolución de un número determinado de casos, sino que tiene que haber calidad". Sin embargo, Tura responde que "detrás del millón de casos que entran en Cataluña hay personas que sí piensan en el tiempo que se tarda en resolverlos".


De Rosa cree que "hay que ser optimista porque se ve una intención de cambio". Explica que la estructura de los juzgados en España es de 1988 y en el año 2010 hay que cambiarlos. "Hay retos pero por primera vez hablamos un mismo lenguaje", sostiene.


Por último, en el turno de respuestas a las preguntas formuladas por los internautas, los ponentes han destacado Canadá y Brasil como los países de referencia en la e-justicia, y han asegurado que, en función de la evaluación de las pruebas piloto, se avanza hacia la solicitud de divorcio vía mail a través de una intermediación cualificada. Además, ha quedado patente la apuesta por mantener la inversión tecnológica en la Justicia.

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