Industria quiere que los bancos paguen también la reforma eléctrica

Aunque el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se ha cuidado mucho de no desvelar las medidas concretas de la reforma eléctrica a la multitud de interlocutores con los que se ha reunido en los últimos meses para tratar sobre la misma, una cosa ha quedado clara: todos los agentes deberán contribuir económicamente, hasta donde no lleguen los Presupuestos, a resolver el déficit de tarifa.

 Hasta el punto de que, como se desprendió de la reunión que Nadal mantuvo en su día con la asociación Protermosolar, el Gobierno también pretende que las instituciones financieras, que son, de facto, las dueñas de la mayor parte de las instalaciones fotovoltaicas y termosolares “asuman una parte de los recortes”, asegura esta asociación. Se desconoce si el ministerio estaría aludiendo al coste indirecto de una reforma con la que el Gobierno podría pinchar la burbuja renovable con consecuencias financieras “imprevisibles”.

El papel de la banca en una reforma que está generando grandes incertidumbres, podría ser el de asumir el coste de las posibles quiebras de multitud de instalaciones fotovoltaicas, termosolares o de cogeneración. Otra vuelca de tuerca, asegura la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) “supondría no poder hacer frente al pago del servicio de la deuda y tener que entregar las llaves de las plantas a los bancos”. Tampoco se descarta que el Gobierno les obligue a refinanciar.

La palabra recorte planea en las asociaciones de los distintos sectores eléctricos a las que  CincoDías ha preguntado por sus encuentros con el secretario de Estado, sobre las peticiones que le han hecho y los temores que albergan respecto a unos cambios legales que podrían conocerse a partir del 20 de junio. Todas las asociaciones del régimen especial (además de las ya citadas, la Asociación Empresarial Eólica y la que aglutina a los congeneradores, Acogen) dicen estar “al límite” y que no van a poder soportar ningún nuevo recorte. Esta última habla incluso de “un escenario funerario” para sus asociados.

También las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España) consideran que ellas han hecho ya “un gran sacrificio” y reiteran que los recortes para acabar con el déficit de tarifa deben aplicarse en las grandes partidas de los peajes, como son las primas del régimen especial (unos 9.000 millones de euros este año).

Pero las eléctricas, muy preocupadas por el destino de la distribución, también se llevarán su parte. De hecho, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya ha elaborado metodología para la retribución de las redes y las opciones que ofrece no pintan bien para el sector. Unesa pide subidas de tarifa y que los Presupuestos asuman parte de los costes regulados. De los encuentros con los responsables del ministerio, se deduce que también la retribución de transporte (REE) también sufrirá un tajo, pese a la influencia en Industria que se atribuye a su presidente, José Folgado.

Descontado que la tijera alcanzará a todos (se habla de un recorte del 20%), la idea general transmitida a las empresas por Alberto Nadal es la de mantener “una rentabilidad razonable”. En este punto, el debate se enciende y comienza el fuego cruzado. Para Protermosolar, la rentabilidad de sus instalaciones es ya “insignificante”; arremete contra la interrumpibilidad; los pagos por capacidad y pide que la rentabilidad razonable se aplique a la energía nuclear y la hidráulica.

En definitiva, como ha ocurrido en anteriores consultas, ninguno quiere ser la solución del problema y, ante la falta de un pacto empresarial y político, todos disparan contra todos. En una de las compañías afectadas dicen estar soprendidos por el hecho de que “una sola persona, el secretario de Estado, sea el artífice de una reforma de semejante calado”. Y, añade, que aunque la propuesta vaya luego a Moncloa, la regulación eléctrica es tan complejo que difícilmente se le podrá refutar.

Otros afectados

De la reforma parece depender el futuro de dos combustibles fósiles utilizados en la generación de electricidad y que han sufrido muy especialmente la crisis: el gas natural y el carbón. Aunque el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que la reforma no incluye la hibernación de los ciclos combinados, las compañías afectadas están presionando para lograr lo que denominan “una demanda mínima”.

Y como en otras reformas los grandes olvidados son los consumidores. Facua, que representa a los usuarios en el consejo consultivo de la CNE, reconoce que ni siquiera ha mantenido un encuentro formal con Alberto Nadal. Para esta asociación, no todo es tarifa, y pide una regulación de los derechos y deberes de los usuarios, que están cada vez más desprotegidos. Una medida que rechaza es la posibilidad de que se rebaje la potencia contratada que da derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) y dice desconocer si el ministerio tiene previsto modificar el actual sistema del bono social.

Por su parte, para CIDE, la asociación que integra la mayor parte de las pequeñas distribuidoras, es previsible que Industria utilice como base de su reforma el informe de la CNEsobre retribución a la distribución. En el caso de las grandes distribuidoras (con un sistema de retribución es distinto)su informe ya está listo y se ha cumplido el trámite de audiencia en el que las grandes pudieron alegar durante un mes. Las de CIDE esperan tener la misma oportunidad que las de Unesa.