Corredor explicó en una rueda de prensa con motivo de la Conferencia Sectorial que hoy mantiene con los consejeros autonómicos del ramo que, por el momento, no puede detallar a cuánto asciende el recorte en los presupuestos de su Ministerio para 2011, y que analizará bilateralmente con cada comunidad la aplicación del reajuste.

La ministra señaló que estas medidas se incluyen dentro del ajuste presupuestario anunciado por el Gobierno para reducir el déficit público e indicó que "hay que ser pragmáticos y priorizar en qué gastamos" para garantizar en un futuro "la eficacia de las políticas públicas de vivienda".

Añadió que dichos recortes se escalonarán durante este año y los dos siguientes, y que en 2010 se eliminará la reserva de eficacia para las comunidades que superen los objetivos convenidos con el Ministerio, así como la compensación del pago de las nuevas ayudas con fondos transferidos a las autonomías y cuyo destino no se ha justificado.

La ministra detalló que, en la actualidad, existen 628 millones de euros pendientes de justificación por parte de las comunidades, que "se irán reduciendo progresivamente en cada ejercicio".

Por lo que respecta a 2011 y 2012, no se renovará la subvención para las ventanillas únicas, se suprimirá la destinada a promotores para la urbanización o adquisición de suelo y se rebajará el 40% de las de promoción de vivienda protegida en alquiler.

Además, el Ministerio se planteará sustituir la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE) por la posibilidad de permitir la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda protegida, con lo que, según Corredor "se reduce la necesidad de ahorro para afrontar el pago de entrada a una vivienda protegida".

Según la ministra, en 2009 la AEDE supuso un gasto de 306 millones, la subvención a promotores fue de 41 millones, la subvención para el fomento privado del alquiler, de 141 millones y las ventanillas únicas, 21 millones, lo que sumado representa un coste total de más de 500 millones de euros.

Asimismo, aseguró que estas medidas tienen que aplicarse "necesariamente" a la gestión del Plan de Vivienda, en tanto que recordó que se enmarcan en la estrategia del Gobierno de alcanzar en 2020 "una ratio del 20% de viviendas en alquiler y un peso del 35% de la rehabilitación del sector residencial".

También destacó que el ministerio "seguirá cumplimentando sus políticas según su disponibilidad presupuestaria y cumplirá con los objetivos previstos para 2010", y añadió que las políticas autonómicas de vivienda no deberían estar "supeditadas a si tienen o no financiación estatal".

Corredor anunció que ha pedido su comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Congreso para explicar los cambios introducidos en el plan, y señaló que este ajuste "se puede afrontar" gracias al "fuerte impulso presupuestario aplicado a las políticas estatales de vivienda desde 2004".