Los expertos ven "un lastre" en el stock de viviendas y piden ayudas directas a la compra

A su juicio, las medidas puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno central -que, como recordó, consisten fundamentalmente en facilitar el pago de los préstamos hipotecarios y contribuyen a "aliviar" la situación de quienes ya habían comprado viviendas-, "no están mal" pero "son insuficientes" ya que lo que debe hacer es "facilitar" también la compra de viviendas.

En consecuencia, el director de Servicios de Banca Hipotecaria BBVA instó a las administraciones y poderes públicos a ser "imaginativos" y dar ayudas a la compraventa y de la forma "más amplia posible".

Sanz así lo reclamó en una rueda de prensa que ofreció en Santander, en la que estuvo acompañado por el director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Juan José Pretel, y el letrado jefe de la Asesoría Jurídica de Cajasol, Joaquín Noval. Todos ellos participan en un encuentro sobre 'Protección jurídica de adquirientes de viviendas' que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Sanz explicó que la demanda se ha "retraído" por muchas razones, entre las que citó las dificultades para obtener financiación o que las viviendas sigan siendo "caras" ya que los promotores no han bajado "de verdad" el precio, ajustándolo a la situación del mercado.

En consecuencia, demandó medidas como ayudas a la compraventa y también, la reducción de impuestos, sobre todo fiscales. Sanz precisó en este sentido que el coste del registro o incluso del notario en España es "extraordinariamente bajo" en relación al coste total de una operación de compraventa. Así, "la mayor parte del pastel" reside en los costes fiscales, como el IVA, aspectos que consideró que se deberían abaratar.

Con todo ello, el experto alertó de que bien dando ayudas o dejando de recaudar impuestos al final "se resienten" las arcas públicas, tanto las del Estado como las de las comunidades, lo que se sumaría al endeudamiento actual.

A este respecto, indicó que las regiones han bajado su recaudación por actos jurídicos documentados y patrimonio una media de un 25%. "Hay menos operaciones y están recaudando menos", señaló, a la par que indicó que "hay que saber cuadrar los balances de las administraciones públicas".

En cualquier caso, insistió en que los "esfuerzos" deben orientarse a las ayudas directas para la compra de viviendas y favorecer así la recuperación del mercado.

"Círculo vicioso"

Sanz vaticinó que el "círculo vicioso" que existe ahora -generado porque no se compran viviendas y los constructores no pueden hacer frente a la financiación y acabar la promoción- se solucionará a medida que "desaparezca" el stock de viviendas actual.

A esta situación se suma el problema de avales integrados a cuenta, asunto sobre el que, según Noval, se están produciendo un "aluvión" de reclamaciones por parte de dos tipos de compradores: lo que no encuentran financiación o no son capaces de afrontarla, y "pequeños inversores" que "habían proliferado al calor del 'boom' del ladrillo" con fines "especulativos" y que "ahora pretenden dar marcha atrás".

Protección jurídica

Por su parte, Pretel se refirió a la protección jurídica de los compradores frente a los derribos y recordó que debe existir una licencia de vivienda y una autorización técnica para que la vivienda esté inscrita en el Registro de la Propiedad, así como la creación de una seguro del edificio por diez años. Todos estos requisitos confieren al comprador protección, que es lo "principal" para evitar cualquier tipo de indefensión.

No obstante, señaló que ante la declaración de nulidad de una vivienda hay que reaccionar "pronto" par que el mal sea "menor". También dijo que, además de al promotor, se puede exigir indemnización a la administración si ha habido algún tipo de ilegalidad por su parte.