Así lo ha puesto de manifiesto Corredor durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha recordado que el compromiso de reducir el déficit no debe hacer perder de vista las líneas prioritarias de la política social y de vivienda que se marcaron en el año 2004.

Entre estas líneas, ha destacado el alquiler y la rehabilitación no sólo por ser las más demandadas por las comunidades autónomas, los ciudadanos y los promotores, sino por ser también las mejor ejecutadas durante el primer año del plan estatal de vivienda.

La ministra reconoce que algunas medidas anunciadas en el marco de la consolidación fiscal han suscitado cierta controversia, como la supresión de las ayudas a la compra de viviendas protegidas, aunque cree que todavía hay iniciativas en marcha que favorecen la compra, como la ampliación de la hipoteca de estas viviendas hasta el 90% de su valor.

"Estamos comprometidos con el reequilibrio del mercado inmobiliario, su redimensión, modernización", sostiene Corredor, tras asegurar que el Gobierno tiene "muy claro" que no va a renunciar a la política social y que seguirá apoyando a las familias con más dificultades para acceder a una vivienda. "Esta es nuestra principal preocupación y lo va a seguir siendo", añade.