Por lo que se refiere a las pérdidas económicas derivadas del uso de software ilegal, cinco comunidades -Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Euskadi- acaparan el 75% de las pérdidas totales, al tratarse de los mercados de mayor volumen. En concreto, Madrid, con 159 millones de euros y Cataluña, con 136 millones euros, registran respectivamente el 25% y el 20% de la incidencia económica negativa de la piratería de software en nuestro país.

De acuerdo con los datos de IDC, el mercado español de software para ordenadores personales, objeto del estudio, alcanzó en 2007 un volumen de más de 1.500 millones de euros, pero hubiera generado casi 2.200 millones de no ser por la amplia base de software ilegal existente.

"Este primer análisis en profundidad de la piratería de software en las 17 Comunidades Autónomas de nuestro territorio nos va a permitir ser más efectivos en nuestras acciones para fomentar el uso de software legal, al permitirnos abordar el problema en función de la situación concreta en cada una de ellas", ha señalado Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA, quien añade que "de la misma manera que a nivel estatal colaboramos estrechamente con el Ministerio de Industria y otras entidades gubernamentales, estamos dispuestos a colaborar con todos los gobiernos y entidades de carácter autonómico o local, a fin de diseñar las estrategias más adecuadas sobre cada terreno".

A modo de referencia internacional, comunidades como Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana se situarían en niveles similares a los de países como Jordania (60%), Colombia (58%) o Marruecos (57%); por el contrario, Navarra se situaría en la línea de países como Noruega (29%) y Holanda (28%), aunque todavía por encima de Reino Unido (26%) o Suecia (25%).

Este estudio toma como partida el Estudio Global de Piratería que la consultora IDC realiza, con carácter anual, para determinar el índice de piratería en 108 países, y cuya última edición señalaba para España un índice de piratería del 43% en 2007, que se tradujo en 659 millones de Euros de pérdidas para la economía española.