La 'ley Sinde' se retrasará al menos cuatro meses

La 'ley Sinde' no se separa de la polémica. Si no es porque es rechazada en el Congreso, es porque se aprueba una versión descafeinada o porque el Director de la Academia de Cine decide unirse a los internautas. Sea por lo que sea la legislación, impulsada por la ministra, y que buscaba acabar con la piratería ilegal en internet vive rodeada de ruido. Esta vez el problema es el retraso en su aplicación.

El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, Aldo Olcese, ha confirmado esta mañana que, según el calendario que le ha sido facilitado desde Cultura, las primeras resoluciones judiciales sobre el bloqueo de páginas web dedicadas a la descarga ilegal de contenidos no se producirán hasta final de año. Por tanto, el proceso se ralentiza cuatro meses respecto a los planes iniciales.

El retraso se debe a que la tramitación del Reglamento no se realizará con el procedimiento de urgencia. A esto hay que sumarle que posteriormente se tiene que constituir la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano dependiente del ministerio que tramitará las denuncias, y contar con los informes del Consejo del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Los creadores creen que "será eficaz"

El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, Aldo Olcese, ha denunciado hoy la demora y ha reiterado su petición al Gobierno de que el reglamento que desarrolla la ley Sinde, cuyo contenido se hecho público hoy, se tramite por la vía de urgencia para evitar que su puesta en marcha se retrase más, lo que supondría "más graves pérdidas para el sector".

Otra de las peticiones de este colectivo es que el reglamento no haga referencia sólo a los contenidos, sino también a las conductas (el hecho de subir contenido ilegal a la red) y reincidencias, ya que de lo contrario "la norma no será eficaz". Además, la asociación ha pedido al Ejecutivo que no sólo se incluyan las web, sino también las páginas de enlaces a contenidos, que en muchos casos están alojados en servidores extranjeros, como ya recoge el borrador del Real Decreto que ha sido avanzado hoy.