El Tribunal Constitucional da un plazo de quince días a la Generalitat y al Parlament de Cataluña, así como al Congreso, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes, según las resoluciones, divulgadas hoy por el TC.
Tanto el Defensor del Pueblo como el Grupo Popular en el Congreso recurrieron artículos del Código del Consumo de Cataluña por considerar que dentro de un establecimiento comercial no puede obligarse a utilizar el catalán.
El pasado 3 de octubre, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, anunció en el Senado la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo de Cataluña.
Cava dijo que es "inadmisible" que en el Código de Consumo de Cataluña se fijen sanciones por no haber traducido al catalán algunos de los carteles que hay dentro de los establecimientos.
"Una cosa es que la administración pueda establecer la utilización del catalán cuando interviene una administración pública, pero lo que son relaciones entre particulares que se practican dentro de un establecimiento comercial" va en contra de la doctrina del Constitucional, "que establece que no existe lengua de preferencia", señaló.
Más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular presentaron también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Cine de Cataluña, que prevé que la mitad de las películas extranjeras que se exhiban en los cines de esta comunidad deberán estar dobladas o subtituladas en catalán, y prevé sanciones para las salas que incumplan la normativa.
