Las promesas sostenibles, sólo promesas

El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino trabaja en la elaboración de un código ético que promueva la transparencia de los mensajes comerciales de las grandes empresas cuando éstas promueven sus bondades medioambientales. La medida prevé un acuerdo con las compañías de los sectores energético y de automoción, por ser los que más contaminan, para garantizar la transparencia del impacto de su actividad sobre el entorno.

Más adelante, la iniciativa se extenderá a otros sectores, como el agroalimentario y electrodoméstico. Ahora bien, la medida se enmarca dentro de las buenas prácticas y de la autorregulación, es decir, tiene carácter voluntario.

El plan de compra verde del Ejecutivo, que pretende incorporar criterios medioambientales en los procesos de contratación y compra pública, también es voluntario.

Pese a la avalancha de programas de RSC sostenibles y el voluntarismo de las empresas, cada vez más voces reclaman una mayor coherencia entre las declaraciones de intenciones y la realidad. Un estudio de la Fundación Entorno apunta que, de 100.000 empresas analizadas, sólo 5.000 pueden calificarse de "comprometidas y activas".

Si bien la crisis económica no ha puesto en duda la necesidad de avanzar en la responsabilidad empresarial, sí ha dejado en evidencia la ausencia de verificación y seguimiento de las buenas prácticas empresariales. Un estudio realizado por el Observatorio de RSC en el que se evalúan aspectos relacionados con la gestión, el gobierno corporativo y los impactos sociales y medioambientales de las empresas del Ibex 35, concluye que "se producen fuertes desajustes" entre la información económica y la social y medioambiental.

El documento refleja que sólo siete empresas del índice bursátil informan sobre sus impactos medioambientales, hasta 11 compañías ofrecen información sobre el comportamiento de sus proveedores y el 26% informa sobre multas por motivos verdes. El escollo en la transparencia reside, según los expertos, en la voluntariedad de la información que ofrecen las empresas sobre sus buenas prácticas.

Pese al goteo de memorias de sostenibilidad de las grandes empresas, no existen mecanismos vinculantes para garantizar la veracidad de la información. "Ningún país se atreve a incluir una norma de carácter vinculante sobre el seguimiento de sus indicadores", explican desde el Observatorio de RSC. Suecia es una de las excepciones.

El Ejecutivo estrenó en el mes de abril la obligación de sus empresas estatales (aquellas que cuenten conmás del 50% de participación), de publicar una memoria de sostenibilidad que tenga en cuenta los criterios del Global Reporting Iniciative (GRI), organismo de referencia mundial en la edición de memorias de sostenibilidad. Dinamarca también ha inclinado su balanza a favor de la transparencia mediante normas vinculantes.

Desde del pasado mes de diciembre, el Gobierno de este país obliga a sus grandes empresas, un total de 1.100 compañías, cotizadas y de participación estatal, a informar sobre sus avances en Responsabilidad Social Corporativa. De no cumplir con la obligatoriedad de aportar información, la ley prevé una cláusula por la que pueden exigirse explicaciones a la empresa. Algunos observadores plantean la necesidad de crear una norma que trascienda las fronteras nacionales, para paliar el vacío legal existente debido al desarrollo de negocio en países terceros, con un marco normativo más laxo.

"Sería necesaria una legislación internacional para aquellas inversiones que superan la jurisdicción de un país", explican desde Economistas sin Fronteras. La Comisión Europea ya se ha hecho eco del debate sobre la necesidad de vincular las empresas a sus mensajes responsables. Dado que la RSC ya forma parte de la estrategia de negocio y de gestión, las empresas pueden apoyarse en la RSC para salir más fuertes de la crisis. Ahora bien, para salir exitosas, deben reducir el desfase que ha registrado Bruselas entre el incremento de las actividades relacionadas con la RSC de las empresas y el déficit en el número de informes de sostenibilidad que editan.

Imagen, beneficios económicos y de gestión son algunos argumentos que esgrime el Ejecutivo comunitario para instar a las empresas a que presten más atención a sus mensajes éticos. Por su parte, el Global Reporting Iniciative pide a los Gobiernos que adopten nuevas políticas para pasar de memorias sostenibles (que incluyen resultados económicos, sociales y medioambientales) voluntarias a documentos de obligado cumplimiento para las empresas.