El 70% de los incendios que se producen en España logran frenarse antes de que entren en su fase de conato, como llaman los expertos al momento en el que las llamas ya son incontrolables y el fuego puede propagarse hasta una superficie de 500 hectáreas, los llamados grandes incendios forestales.

Las dos únicas comunidades autónomas que escapan a esta regla son Asturias y Cantabria. Según cifras de WWF España, en menos del 0,2% de los siniestros se quema el 34% de las superficie afectada total, de unos 15 incendios anuales. Es decir, que los sistemas de detección y extinción funcionan.

Para esta organización, "los sistemas de vigilancia, detección y llegada rápida al incendio han alcanzado ya una madurez y estabilidad en la mayoría del territorio nacional, con excepción de Cantabria", según el informe "El Incendiómetro", que WWF España publica anualmente y en el que se analiza la vulnerabilidad de las distintas comunidades autónomas ante los incendios.

Si estas medidas son eficientes en España, ¿por qué cada año arden miles de hectáreas? Al margen de las causas que llevan a muchos individuos en el país a quemar bosque de forma intencionada, las razones de tanta chamusquina y vidas de bomberos por el camino, hay que buscarlas en las gestión que España hace de sus bosques y en el abandono rural.

El éxodo del campo a la ciudad en las últimas décadas encuentra en los incendios una de sus primeras consecuencias. Según el Anuario de Estadística Agroalimentaria delMinisterio deMedio Ambiente,Medio Rural y Marino, entre 1990 y 2006 se han abandonado más de dos millones y medio de hectáreas de tierras agrícolas, provocando, entre otras cosas, un proceso de "matorralización", es decir, de abandono de los bosques, que eleva el riesgo de que éstos se conviertan en cerillas gigantes, a espera de un candidato para prenderles fuego.

El traslado masivo de población del campo a la ciudad ha restado aún más interés a la ya de por escasa valoración económica, social y laboral de la superficie forestal en España. Sólo el turismo ha sido fiel a las zonas de montaña. Pero este turismo rural tiene una cara oscura, y es la escasa eficacia de la gestión autonómica de los bosques.

"El turista disfruta del paisaje y del bienestar de la naturaleza en una Comunidad Autónoma, pero paga sus impuestos en otra", explica un observador.

Falta, según las organizaciones ecologistas, solidaridad entre las regiones. Madrid invierte una media de 130 euros por hectárea de bosque, el mayor esfuerzo presupuestario del país, mientras que Castilla la Mancha y Castilla y León presentan los niveles de inversión efectiva más bajos, 4,4 y 8,3 euros por hectárea, respectivamente.

Por ello, "el sistema de financiación forestal debe ser más coherente y solidario entre autonomías", explica Félix Romero, responsable de la campaña de bosques WWF. No debe basarse sólo en el número de habitantes de las comunidades, sino también en aspectos como la densidad de población, la superficie o el valor de los recursos naturales, según la organización.

El mayor reto es por supuesto, una apuesta política por el valor forestal. Más allá de los 5.500 millones de euros que se pierden por hectárea quemada, entre 1991 y 2008 el fuego ha costado 16.737 millones de euros a las arcas nacionales. Pero el bosque no es sólo una enorme masa de la que hay que ocuparse para que no prenda. También ofrece valor económico. Hoy por hoy, España importa el 66% de la madera que consume. De realizar una buena gestión de sus bosques, el país sería autosuficiente en la producción. Es necesario dar un peso al sector forestal en la economía española.