La Generalitat ha abierto expedientes sancionadores a 56 de las 58 entidades bancarias que operan en Cataluña por la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos o por irregularidades en la información de los precios de los servicios que ofrecen.

La Agencia Catalana del Consumo llevó a cabo una campaña de inspección entre octubre de 2004 y mayo de 2005 que finalizó con 80 expedientes sancionadores.

Otros de los incumplimientos de la normativa detectados son deficiencias en la información sobre comisiones de los cajeros, la inexistencia de hojas de reclamación o la falta de señalización en catalán.