Microempresa: la información es poder

El compromiso de los socios comunitarios de reducir las cargas administrativas para las empresas podría materializarse con la llegada de la cuarta directiva sobre leyes corporativas. La Comisión Europea estudia introducir en esta norma la posibilidad para las microempresas de quedar exentas de la obligación de presentar sus cuentas en el Registro Mercantil. La oferta, en principio, es tentadora.

Al hablar de microempresas debe desterrarse de la mente la imagen de un empresario modesto, con pocos trabajadores a su cargo y cuya suerte incide poco en la evolución de la economía nacional. Sucede más bien lo contrario, las microempresas son compañías que cumplen al menos dos de estas tres condiciones: tener menos de 10 empleados durante gran parte del año, facturar menos de un millón de euros o registrar un balance con una cuantía inferior a los 500.000 euros. Al cotejar estos datos con el tejido productivo comunitario, resulta que alrededor del 85% de las empresas europeas cumplen estos supuestos. En el caso español, entre el 75% y el 90% de las compañías poseen dos de estas características.

Es decir, las microentidades representan el latido de la economía comunitaria y española, la fuerza productiva, la economía real.

Las compañías, empresarios, entidades financieras, asesorías contables, consultoras y asociaciones de representación que resultarían afectadas por esta disposición normativa están manteniendo un vivo debate sobre las ventajas y los inconvenientes de esta decisión. Un estudio realizado por la Alianza de Empresas Pequeñas Europeas (ESBA, por sus siglas en inglés) considera que la exención de presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil podría suponer un ahorro de 6.300 millones de euros anuales.

Existen otras razones en favor de la medida, pero todas tienden hacia la misma justificación: reducir las cargas administrativas que deben afrontar estas empresas, con el objetivo de que dirijan la mayor parte de sus recursos a sus actividades productivas. Sin embargo, algunos expertos consideran que los buenos deseos de la Comisión no conllevarían una liberación para las microempresas, puesto que se verían obligadas a ofrecer esa información a otros agentes del mercado que la reclaman, como entidades financieras, autoridades fiscales o acreedores. Estas son las conclusiones de un informe elaborado recientemente por Crédito y Caución e Iberinform, que han consultado a 500 profesionales del ámbito del credit management su opinión sobre esta medida.

"La conclusión más robusta del estudio es que realmente la exención legal no va eximir a las microentidades de la necesidad de tener que generar esta información para estar en el mercado", subraya el responsable de comunicación de Crédito y Caución, Pavel Gómez. En este sentido, dice que, en caso de que la medida fuera aprobada, solo un 8% de los encuestados se conformaría con los datos aportados por la compañía sobre su situación financiera y el porcentaje restante optaría por exigir más información complementaria a la microempresa que se hubiera acogido a la exención y, por tanto, no hubiera presentado cuentas.

Por su parte, el profesor en materia fiscal de la Escuela de Organización Industrial (EOI) Alfonso Martínez considera que esta decisión podría ser contraproducente en el contexto económico actual. "Reducir el volumen de información sería un elemento más de riesgo", indica Martínez, que se materializaría especialmente a la hora de solicitar financiación. "Entiendo que hay medidas más gravosas para las empresas", añade, "como la obligación de presentar ante la Agencia Tributaria información trimestral sobre deudas a corto y largo plazo y otra información relacionada con la morosidad". En este sentido, explica que los expertos en gestión de las pequeñas y medianas compañías son conscientes de que las microempresas suelen externalizar la gestión, por lo que claramente estas obligaciones llevan a un incremento de los costes que deben afrontar. Recuerda también que algunas obligaciones destinadas a controlar el fraude son demasiado costosas, sobre todo si se tiene en cuenta que en las empresas más pequeñas los niveles de estafa son limitados.

Se expresa en el mismo sentido el director general de la consultora Improven, Eduardo Navarro, que indica que recuerda que el principio de transparencia en las relaciones comerciales es siempre positivo. "En España tenemos muchos más problemas con las relaciones entre la empresa y la Administración. La presentación de cuentas no es de los más relevantes", apostilla.

En cualquier caso, estos expertos consideran que el mercado no puede funcionar sin información. "Es inevitable en un mundo globalizado jugar con esas reglas. Cuando se va a cerrar un acuerdo comercial con otra compañía, se trabaja normalmente a crédito. Hay un riesgo evidente de no cobrar. Por eso, es inevitable que haya unos niveles de información necesarios", afirma Gómez. El representante de Crédito y Caución contesta que solo el 15% de los profesionales que no tienen obligación jurídica de cumplir ciertos requerimientos los presentan.

Si el objetivo de las autoridades comunitarias es reducir la carga de las microempresas, pueden decantarse por otras opciones, afirman quienes se muestran en contra de la exención. Proponen medidas como la elaboración de un programa oficial de gestión que ayude a las empresas en su gestión diaria y que esté conectado a la Agencia Tributaria y al Registro Mercantil. O abrir la posibilidad de que esas microempresas presenten sus datos de forma abreviada y digital en 10 o 15 casillas.

Alfonso Martínez, de la EOI, recuerda que una de las cargas burocráticas más relevantes es la necesidad de presentar diferente documentación ante la Administración local y regional.