Es difícil compaginar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de unas costas públicas con el de miles de personas que compraron viviendas a pie de playa dentro de la legalidad vigente en su momento. La Asociación Nacional de Afectados por la Ley de Costas calcula que el número de expedientes de expropiación de estas viviendas alcanza los 300.000. Lógicamente, se quejan por la pérdida de unas casas ubicadas en un entorno privilegiado, y también porque, en su opinión se están vulnerando derechos adquiridos. Y tiene razón. Pero también el Gobierno, que ejecuta una ley aprobada en 1988 y que pretende preservar el bien común y recuperar un valioso litoral seriamente degradado. Ambos intereses deben compaginarse y llegar a la solución menos gravosa para todas las partes, sin fiarlo todo a que finalmente la decisión se imponga desde estancias comunitarias.