Cuántas veces se ha oído aquello de que en materia de vivienda, el Estado tiene escasas competencias al estar transferida la gestión a las comunidades autónomas. Sin embargo, ocho de cada diez casas protegidas están financiadas por el ministerio. Luego, la Administración central dispone de recursos, así que por qué no optimizarlos al máximo. El Consejo de Ministros acaba de autorizar al departamento que dirige Beatriz Corredor para que constituya otra sociedad, Sepes Urbana, capaz de promover directamente vivienda protegida y poner en marcha el ambicioso plan de alojamientos dotacionales en alquiler en estrecha colaboración y bajo encargo de las Administraciones. Y es que de nada sirven anuncios grandilocuentes sobre los miles de millones que se destinarán a favorecer el acceso a una vivienda asequible si en un plazo prudencial de tiempo los ciudadanos no empiezan a ver resultados.

El ministerio ya contaba con la entidad de suelo Sepes, encargada de promover y urbanizar suelo. Ahora, se trata de dar un paso más. Sepes Urbana podrá edificar vivienda protegida y urbanizar terrenos cuando otra Administración así se lo pida, sin necesidad de tener que comprarlos previamente. El objetivo es sumar esfuerzos y no competir, porque el fin último es el mismo: más vivienda social y de más calidad.