Los visados profesionales
Es bien conocida la frase de Romanones: "Que ellos hagan las leyes y me dejen a mí hacer los reglamentos". Y la cita viene a cuento por el desarrollo de la Ley âmnibus, especialmente en lo que se refiere a las disposiciones transitorias relativas a la obligatoriedad de colegiación profesional y la exigencia de visado profesional. La ley contiene una serie de elementos positivos, que limitan las rigideces existentes, abriendo la puerta a la desaparición de los caros e innecesarios visados así como a la obligatoriedad de colegiación. Pero ahora, con innumerables presiones por parte de los colegios profesionales, especialmente los de Ingenieros y Arquitectos, se pretende que el desarrollo reglamentario deje en agua de borrajas los elementos positivos que introdujo la ley.
No es de extrañar que asistamos a una campaña mediática que combina elementos de marketing, demagogia e inexactitud, así como una calculada porción de alarmismo, toda vez que las dos principales vías de financiación de los colegios profesionales, los visados y las cuotas colegiales, pueden dejar de percibirse coactivamente. Y hasta cierto punto resulta lógico que esos pocos (los dirigentes colegiales) que se benefician de la situación defiendan sus intereses, aunque sean contrarios a los de la mayoría de los profesionales, y por supuesto a los de la totalidad de los ciudadanos.
Uno de estos privilegios son los visados profesionales. Nadie puede negar que los visados colegiales encarecen los servicios, añaden tiempo y trámites y, por ende, dificultan la actividad empresarial. Todas ellas son circunstancias que deben conducir a que su exigencia sólo se imponga cuando resulte absolutamente necesaria. En la mayoría de los casos, la exigencia del visado no resulta proporcionada a objetivos que redunden en la mejor calidad y precio de los servicios. O lo que resulta aun peor, parece ser que la única finalidad de los visados radica en la financiación de los colegios profesionales.
Sería deseable que los consumidores conocieran exactamente qué prestaciones o garantías les ofrece el visado y cuál es su precio, para decidir si lo quieren solicitar, restringiendo la obligatoriedad a casos efectivamente justificados y donde no exista otra alternativa de control menos distorsionante.
La Ley âmnibus supone un importante avance, aunque la profundidad de sus efectos debe confirmarse cuando se complete el desarrollo normativo pendiente. Lamentablemente será un real decreto -y no una ley- el que, tras la consulta a los colegios afectados, determine qué visados serán obligatorios. Y poco habremos avanzado si se generaliza la obligatoriedad.
Deberá hacerse, eso sí, sobre la base de criterios definidos. La ley señala que ha de existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y debe acreditarse que el visado es el medio de control más proporcionado. El coste de estos visados preceptivos, por otra parte, será razonable, no abusivo ni discriminatorio.
Entendemos que son muchos los colegios que quieren seguir al abrigo de la competencia, pero la CNC se pronunciará, como es su obligación, sobre la materialización de estos criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad del coste. Y, por supuesto, sobre la paradoja de que un colegio profesional tenga que supervisar trabajos profesionales, que luego deben ser nuevamente supervisados por las administraciones públicas, por lo que la mayor parte de las veces no constituye sino una forma de encarecer los servicios.
Es verdad que se han introducido elementos que contribuirán a incrementar su transparencia, por ejemplo, al tener que publicar los precios y estadísticas de sus visados con lo que desaparecerá opacidad que amparaba al visado como garantía de habilitación profesional y prevención contra el intrusismo.
Resulta evidente el peligro que se cierne en el momento del desarrollo reglamentario: que terminen triunfando las presiones corporativistas y se imponga la obligatoriedad del visado en todos los casos y se reproduzcan los viejos esquemas.
Se acercan aires renovadores para los colegios. De forma creciente se verán impelidos a competir en un mercado más trasparente para prestar servicios y garantías con verdadero valor añadido a los consumidores. Y a abandonar un modelo obsoleto y opaco de financiación que permite a las élites colegiales mantener su status a costa de retraer ingresos de sus propios colegiados y encarecer los proyectos. Esos aires pueden quedar anulados por las posturas numantinas de esas élites.
Luis Berenguer. Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)