Últimamente proliferan opiniones de una virulencia sorprendente contra los colegios profesionales, particularmente contra los de ingeniería, por el hecho de ejercer la función, legalmente atribuida, del visado de los trabajos de sus colegiados. Desde las atalayas que les brinda la libertad de prensa y aprovechando su posición de privilegio, llegan a cuestionar la legitimidad de los colegios para desarrollar una función de control garante de la buena práctica profesional que, esencialmente, beneficia a los ciudadanos. No seré yo quien niegue a nadie la legitimidad de manifestar sus opiniones, pero no puedo permanecer impasible cuando están teñidas de falsedad y pueden inducir a equivocadas conclusiones.

Desde el inicio del proceso de transposición de la Directiva de Servicios, hemos manifestado la necesidad de mantener el visado de los trabajos de ingeniería como garantía de seguridad. Hay que explicarle alto y claro a la sociedad que ese control previo garantiza la idoneidad del profesional, garantiza que el trabajo cumple la normativa legal y las prescripciones técnicas reglamentarias, que el profesional está amparado por un seguro de responsabilidad civil adecuado, etc. No es un simple control administrativo, sino un eficaz control técnico que, incluso, elimina el intrusismo.

Pero lo más lamentable de todo es la desinformación que evidencian -o quizás la información interesada- determinados personajes que, por la responsabilidad de su cargo, debieran ser prudentes en sus juicios. Digo esto a cuenta de unas desafortunadas manifestaciones del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. Conocemos su obsesión contra los colegios profesionales, que le lleva a bordear el insulto cuando se refiere a sus dirigentes y a exponer datos falsos, pero esta vez se ha excedido. Los colegios profesionales pertenecen a la sociedad civil, son autónomos y, esencialmente, garantizan al ciudadano que los servicios prestados por los profesionales son correctos, adecuados y están sujetos a códigos de conducta responsable. Esa independencia les hace ser blanco preferente de algunos cuyo único mérito es estar al abrigo del poder y ostentar un nombramiento por real decreto.

Quizás sea oportuno desmentir algunas de las afirmaciones que han sido aportadas por el presidente de la CNC. El encarecimiento de los servicios por aplicación del visado es ínfimo -en torno al 0,01% del presupuesto-, por lo que mal puede hablarse de un coste desproporcionado y abusivo. Este coste tiene como contraprestación la garantía de seguridad. El tiempo medio de un visado no supera las 24 horas, agilidad a años luz de la Administración, incluida la CNC. Y el trámite del visado suple controles de la Administración que serían eternos si hubieran de ser resueltos por ésta. Porque no es cierto que los colegios profesionales visen trabajos que luego deben ser supervisados por la Administración, sino que el visado es la garantía para ésta del cumplimiento reglamentario y la libera del control correspondiente. Quien habla de que el visado no garantiza la seguridad, lo desconoce o actúa de mala fe.

La CNC haría bien en centrar sus esfuerzos en la eliminación de monopolios e incompatibilidades en la inspección de seguridad industrial, campo en el que no se permite a los ingenieros ejercer sus atribuciones legales. Debería velar por que la seguridad de las personas esté garantizada dentro de un esquema de libre competencia, sí, pero no de descontrol y liberalización mal entendida. Lo demás es pura demagogia neoliberal y ataque injustificado y desmedido a los colegios, que cumplen escrupulosamente con su función reguladora y que forman parte de la estructura social y democrática española.

Vicente Martínez García. Presidente del Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial