La Comisión Europea acaba de hacer pública su propuesta normativa para la creación de la Unión Bancaria Europea. La propuesta conlleva la modificación de dos reglamentos europeos para adaptar el régimen jurídico de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la nueva arquitectura institucional de la supervisión bancaria europea, aunque manteniendo el grueso de sus competencias actuales, así como la aprobación de un nuevo Reglamento del Consejo que atribuye al Banco Central Europeo (BCE) competencias específicas en materia de supervisión prudencial.
El BCE, de acuerdo con la propuesta presentada, pasa a convertirse en un auténtico supervisor bancario europeo, pieza central de un mecanismo único de supervisión bancaria, asumiendo las competencias clave en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito de los Estados integrados en la Unión Monetaria.
Las propuestas de modificación normativa vienen acompañadas de un documento de gran interés, la hoja de ruta hacia la Unión Bancaria Europea, en el que se explica el modo en que el BCE asumirá relevantes competencias en materia de supervisión bancaria, convirtiéndose en el responsable de la supervisión bancaria europea.
El BCE desarrollará estas nuevas competencias en estrecha cooperación con los supervisores europeos nacionales (que mantienen algunas de sus competencias actuales) y con la ABE, utilizando criterios homogéneos en la interpretación y aplicación de la regulación financiera (single rulebook).
Al proyectar sus competencias supervisoras sobre todas las entidades bancarias europeas, y no solamente sobre las sistémicas, como habían reclamado algunas voces, la propuesta pretende garantizar una absoluta homogeneidad en las prácticas supervisoras lo que constituye, probablemente, el aspecto más positivo de la propuesta.
No obstante, el elevado número de bancos comprendidos en este enfoque hace pensar que el papel de los supervisores nacionales habrá de ser, forzosamente, relevante, y su cooperación con el BCE, imprescindible.
La propuesta contempla la estrecha cooperación entre el nuevo supervisor europeo y los supervisores de los Estados europeos que no forman parte de la Unión Monetaria (sobre todo el supervisor británico) y otros aspectos técnicos relevantes como el deber de confidencialidad y acceso a la información por parte del BCE, su futura integración en los colegios de supervisores y su control.
Otro aspecto interesante es la garantía de independencia del BCE en sus tareas de supervisión, que se mantendrán separadas, para evitar conflictos, de sus atribuciones en el ámbito monetario. La independencia se predica tanto frente al poder político como también frente a las entidades de crédito y tiene como resultado un esquema de financiación en el que jugará un papel esencial una futura contribución (tasa) de las entidades de crédito.
La existencia de una tasa que retribuya las tareas de supervisión bancaria es una novedad de la propuesta que representa un aspecto negativo para los bancos españoles, que no están gravados por una contribución similar.
No obstante lo anterior, creo que la propuesta debe ser valorada de forma positiva. En primer lugar, su existencia representa un punto de partida muy valioso para el debate político -que no será sencillo- sobre la futura Unión Bancaria. La posición inicial de algunos Estados europeos muy relevantes, tanto dentro como fuera de la eurozona, augura un debate político muy complejo.
En todo caso, si la propuesta alcanzara el éxito, conllevaría una homogeneización de las prácticas supervisoras en toda Europa y constituiría un impulso fundamental al establecimiento de un auténtico mercado interior de servicios bancarios en Europa tras el retroceso que ha supuesto la gestión puramente nacional de las crisis bancarias producidas en los últimos años.
Además, esta propuesta abre claras posibilidades de una mayor consolidación bancaria a nivel europeo, imprescindible para que los bancos europeos puedan competir con éxito frente a los grandes bancos internacionales norteamericanos y asiáticos, que parten de la sólida base que representan sus mercados nacionales.
La propuesta que se ha conocido no tendrá un camino fácil. Son muchas las cuestiones técnicas a resolver y, como apuntamos, el debate político será difícil. No obstante, su sola existencia debe ser valorada de forma positiva, al representar la señal de que el refuerzo de la Unión Europea constituye la mejor estrategia de respuesta frente a la crisis y la garantía de un futuro mejor para todos.
Francisco Uría. Socio responsable del sector financiero de KPMG en España
