CincoDias.com Opinión

Todo legal. La muletilla la pronunciaba el guiñol de Eduardo Zaplana en sus inicios en el programa de humor que entonces se emitía en Canal + y ahora en Cuatro. Hace dos semanas, cuando el 'diputado raso' del Partido Popular renunció a su escaño y anunció que iba a fichar por Telefónica para ocupar el puesto de delegado para Europa, el Zaplana de carne y hueso podría haberla pronunciado de nuevo. Todo legal.

Los dos casos que se han conocido en estas dos últimas semanas del salto de políticos a la empresa privada han vuelto a poner sobre la mesa la delgada línea que separa lo ético y lo legal en estos procesos. Aunque amparados en la legalidad, estos casos, más frecuentes de lo que se podría pensar, no han sido debatidos con la profundidad que merecen. En el caso de Zaplana, según la legislación española, no hay muchas dudas sobre la legalidad del fichaje. Caso distinto es el de David Taguas, ex director de la Oficina Económica de la Presidencia que tiene una oferta para presidir el lobby de las grandes constructoras, Seopan.

Zaplana sólo tenía que responder ante la Ley Electoral, que impide a los diputados y senadores ocupar puestos de responsabilidad en empresas. Presentada su dimisión, no hay ninguna norma que le impida legalmente ocupar este cargo. No hay periodo de 'descompresión', ni limitación alguna. Taguas, por su parte, sí debe esperar a que la Oficina de Conflictos de Intereses le dé permiso. Y es que según la Ley Reguladora de Conflictos de Intereses de Altos Cargos, que en 2006 se retocó por última vez, impide que un responsable político ocupe un puesto en una 'empresa o institución' relacionada con las competencias de su cargo en un periodo de dos años desde su cese.

¿Se debe autorizar este fichaje? Pese a que desde el punto de vista ético las fuentes consultadas por este periódico -tanto empresariales, como jurídicas o políticas- consideran que es éticamente reprobable; lo cierto es que legalmente hay demasiadas vías para concederle el visto bueno. Desde que la entidad que le contrata 'no tiene ánimo de lucro' (es una patronal), hasta que la Oficina Económica de la Presidencia no tiene carácter ejecutivo. En los últimos días todo se ha limitado a decidir si Taguas trató temas concretos vinculados a la construcción durante su etapa política, algo por otro lado bastante complejo, ya que ni los debates internos de ese órgano asesor ni los informes que realiza son públicos.

Pero reducir todo el debate a las cuestiones en las que ha intervenido es quedarse en la superficie del problema. Preguntas como ¿qué gana una patronal nombrando presidente a una persona que ha conocido desde dentro el entramado económico del Gobierno?, o ¿por qué una constructora quiere a un ex alcalde de Madrid como miembro del consejo de administración?, como Reyal con Álvarez del Manzano, o ¿por qué un grupo hotelero nombra a un ex presidente autonómico como delegado en EE UU?, como ha hecho Barceló con Jaume Matas, ¿por qué el Santander, Criteria o Lazard se han apresurado a incluir a Rodrigo Rato en sus consejo?... La lista es larga. Y en muchos casos la pregunta tiene ida y vuelta e incita a las dudas de si se buscan influencias o se premian actuaciones pasadas.

La regulación de los conflictos de interés y del salto profesional entre el sector público y el privado presenta enormes diferencias entre los países de la Unión Europea, según un reciente estudio comparativo (octubre 2007) elaborado por encargo de la Comisión Europea. Algunos países, como Reino Unido o Irlanda, se rigen por códigos de conducta. Otros, entre los que figuran España o Bélgica, combinan esos códigos con legislación. En Alemania, Francia, Finlandia o Suecia, no existe ninguna normativa específica. La relajación es mucho más generalizada (salvo en los países de Europa del Este recién integrados en la UE) en el caso de los parlamentarios. En casi ningún país existen limitaciones concretas a la actividad laboral que pueden desarrollar cuando dejan el escaño.

El estudio indica que en la mayoría de las instituciones nacionales y comunitarias la preocupación por los posibles conflictos de interés se traduce casi siempre en la introducción de nuevas normas. Pero los autores lamentan que a menudo se hace sin comprobar su efectividad, y recomiendan que el desarrollo de una ética profesional se haga teniendo en cuenta las particularidades del país.

En Bruselas, sede de las principales instituciones de la Unión Europea, el trasvase de profesionales entre el sector público y el privado, y viceversa, se valora como una enriquecedora puerta giratoria que puede contribuir a mejorar la especialización del personal. Pero el equilibrio entre la congelación de la carrera de un alto cargo o su precipitado salto a un jugoso contrato privado no siempre resulta fácil. Más bien, suele despertar susceptibilidades y hasta de provocar algún escándalo. Los partidarios de la doble vía recomiendan la máxima transparencia al cruzar la frontera y evitar que el cambio de destino pueda dar lugar a un flagrante conflicto de interés.

Pero políticos y funcionarios comunitarios no siempre han respetado esas dos reglas. Y las autoridades comunitarias se han dotado de un código de conducta para evitar que el cóctel de función pública y lucro privado resulte demasiado explosivo. Los comisarios europeos deben durante un año después de dejar su puesto comunicar a la institución sus planes de empleo privado. El plazo, curiosamente, es el doble para los funcionarios que dejan la Comisión.

Esas normas no han evitado que surjan polémicas. Una de las más recientes, cuando un funcionario de la dirección general de Competencia, perteneciente al equipo que investigaba a Microsoft, dejó la Comisión por un puesto en una consultora que contaba entre sus clientes habituales a la multinacional de Bill Gates. Mucho más escándalo provocó el fichaje con la misma multinacional de un antiguo juez del Tribunal de Justicia europeo cuando esa instancia tramitaba el recurso de Microsoft contra una multa de la Comisión de 497 millones de euros.

Pero hasta ahora nadie ha superado el descaro del llamado Ronaldo de las telecomunicaciones, apodo con que el antiguo presidente de Telefónica, Villalonga, bautizó a Martin Bangeman. Este alemán fichó en 1999 por la multinacional española sin esperar siquiera a dejar su cargo de comisario europeo... de Telecomunicaciones. 'He estado once años inmerso en el sector y alguien tenía que aprovechar mi experiencia', aseguró en rueda de prensa en Madrid junto a Villalonga. 'Estoy encantado de que haya sido Telefónica'. 'Una fuga sin estética ni ética, pero legal', titulaba al día siguiente CincoDías. Por desgracia, ese titular continúa siendo de dolorosa actualidad.