Las mutuas de seguros, mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros españolas tienen dos características innegables: son muchas y, con pocas excepciones, son pequeñas. Esa atomización suele ir acompañada además de un rasgo preocupante: la escasa transparencia. Es obvio que no nos referimos a las que están sujetas al control del mercado, por su importante tamaño o porque ya no son mutuas, al haber adoptado la figura de sociedad anónima para cotizar en Bolsa. El problema está en el buen número de cooperativas que funcionan en un régimen de opacidad muy poco recomendable, acompañado además de una gestión personalista que las aproxima al funcionamiento mismo de cortijos particulares.

Esa es la razón por la que parece muy oportuno que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones haya incluido en el anteproyecto de la Ley de Supervisión de Seguros Privados exigencias de transparencia a estas sociedades y sus administradores. En esta línea, los gestores deberán desvelar su retribución, como ya hace, por ejemplo, y con detalle, Mutua Madrileña. También deberán facilitar información sobre posibles conflictos de interés entre las sociedades y sus administradores. Quien ya sea transparente no tendrá de qué preocuparse, y quien lo empiece a ser ahora recibirá también el reconocimiento de sus mutualistas.