En los últimos años las entidades financieras han utilizado de forma profusa las participaciones preferentes para captar capital, lo que ha puesto en circulación unos 30.000 millones de euros en un instrumento con poca transparencia, escasa o nula liquidez y carácter cuasi perpetuo. Han sido vendidas como un producto mixto que cabalga entre un depósito a plazo indeterminado o títulos sin cotización explícita, pero con rendimiento garantizado, salvo que la compañía entre en pérdidas. La exclusión como capital de primera categoría, primero, y su admisión ulterior ha provocado una carrera por la conversión de las preferentes en acciones computadas a su valor nominal, lo que proporciona liquidez y absorbe las pérdidas, pese a que en casi todos los casos estos títulos cotizaban en mercados secundarios con apreciables descuentos.

El problema surge cuando la entidad emisora no cotiza y quiere reforzar su capital con recompra ventajosa; los particulares están abocados a ella, no obligados, ante la pendiente de pérdidas en la que han entrado y la posibilidad de aprovechar la ventana de liquidez. La CNMV ha estrechado la vigilancia en este tipo de operaciones, especialmente en la emisión y comercialización, pero para evitar los abusos a la clientela menos cualificada debe elevar aún más el listón fiscalizador.