¡Cuánto tiempo perdido!
Y se sigue perdiendo al no enfrentarse los responsables políticos de forma continuada, rigurosa y coherente con la crisis de origen casero iniciada a principios de 2008. Desde su comienzo no ha habido una verdadera política económica, pues no se puede calificar de tal la serie de medidas deslavazadas e incoherentes que se han ido tomando al albur de las circunstancias.
Al percatarse Bruselas de que el rey estaba desnudo de la política que requería el gran déficit público que se iba creando impuso la aplicación inmediata de medidas restrictivas. Las autoridades decidieron que el peso del ajuste recayese sobre los funcionarios y los pensionistas, o sea sobre los menos responsables del déficit público.
Lo mismo está ocurriendo con la reestructuración financiera. El curioso método de la fusión fría recorta el personal para que todas las cajas sigan en activo con la ayuda del FROB, pero manteniendo todos sus consejos de administración, únicos responsables de los problemas de la mayoría de ellas.
Los problemas financieros del sistema bancario en general se hubieran reducido sustancialmente si la transparencia informativa que ahora se pide a las entidades de crédito se hubiera exigido cuando el crecimiento del crédito vinculado a la construcción crecía de forma desmesurada. Se hubiese visto que la exposición de esas entidades por ese concepto superaba límites razonables en el activo y que la calidad de su pasivo era un tanto azarosa, pues la deuda exterior alcanzaba ya en 2007 el 70% del PIB y probablemente financiaba una parte no mucho menor del crédito a la construcción.
Con esta información, las autoridades reguladoras y las de la economía estarían cargadas de razón para llamar al orden pública y severamente a las entidades de crédito del riesgo que estaban corriendo. Como consecuencia, el fuerte crecimiento económico se hubiese reducido pero sería más equilibrado y durable, el sistema bancario no estaría hoy tan ahogado y la confianza de los mercados no mostraría los actuales altibajos.
En la reciente y fuerte subida de la prima de riesgo ha debido influir la crisis de Irlanda, pero también la falta de un modelo creíble de crecimiento, esencial para la solvencia de los prestatarios. Los mercados no podían otorgar ese carácter a la tan demorada Ley de Economía Sostenible, todavía carente de un diagnóstico de los problemas de las economía y de un plan ordenado de medidas creíbles para resolverlos.
La nueva subida de la prima de riesgo, y es lo preocupante, sugiere que los mercados han observado que las medidas que se han improvisado para hacer frente a la reciente ebullición siguen el mismo camino. El recorte de 426 euros a los parados de larga duración no promueve el crecimiento, tampoco lo hace la reducción del déficit público con los recursos de la venta parcial de valiosos y rentables patrimonios ni mucho menos las ventajas fiscales otorgadas a las pymes y demás empresas. Mejorarán su situación financiera pero no se va a reflejar en una expansión de la demanda interna y de la actividad. Eso sí, puede tener una rentabilidad electoral apreciable en los tres millones de autónomos.
En su afán de demostrar su preocupación por el crecimiento las autoridades han sacado a la luz el Plan Integral de Política Industrial. Pero la confianza de los mercados no se puede ganar con un plan que promueve el crecimiento en un plazo de cinco años, por muy creíble que fuese, que de hecho no lo es.
El crecimiento duradero solo puede venir de las exportaciones que dependen en gran parte de la innovación. Hasta septiembre, para que las de productos industriales terminados, que son las que más deberían incorporarla, registrasen un escaso crecimiento anual en volumen los precios tuvieron que caer casi un 4%. Cabe pensar que parte de las cuantiosas ayudas públicas a la innovación que han recibido 50.000 empresas según el INE se destinaron a subvenciones de explotación, es decir lo contrario del objetivo perseguido. Esta es una cuestión a aclarar pues del crecimiento depende no solo el empleo de los activos sino también las condiciones de sus pasivos.
Ya va siendo hora de que alguien con poder político suficiente y con una legislatura por delante se atreva a decir a la ciudadanía que se arme de paciencia, que la vuelta a tasas aceptables de desocupación va a llevar tiempo. Que será necesaria una conversión general del país para contrarrestar los excesos de consumo e incluso ventajas sociales que permitió un crecimiento falaz y llevaron a una enorme deuda total. Que son muchas las cosas que hay que hacer y la mayoría dolorosas, que serían más tolerables si el mundo político contribuyese con una reducción consistente del coste de funcionamiento.
Anselmo Calleja. Economista