La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, recomendó ayer a las cajas de ahorros hacer uso de las herramientas que el Gobierno ha puesto a su disposición para acometer la reconversión del sector. Aunque en tono suave, el mensaje sonó a advertencia, a una llamada de atención, por lo demás, plenamente justificada. Después de todo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), o lo que es lo mismo, el dinero público para financiar las fusiones, no estará disponible eternamente. Bruselas irá obligando a los Gobiernos comunitarios a retirar las ayudas aprobadas para sanear sus sistemas financieros nacionales. Y aunque los plazos no sean los mismos para todos, cada vez queda menos tiempo.

Paradójicamente, las entidades españolas arrancan su reconversión más tarde que otras europeas porque no se vieron atenazadas en un primer momento por los activos fallidos y los consiguientes problemas de descapitalización. Pero es evidente que hay cajas españolas que padecen sus propias debilidades. En ocasiones, su escaso tamaño redunda negativamente a la hora de captar liquidez y dotarse de capital para cumplir con los ratios internacionales de solvencia. A eso se suma un aumento rápido de los niveles de morosidad por la debilidad de la economía. Así pues, nadie pone en duda la necesidad de reducir el actual número de cajas para fortalecer financiera y societaria a las resultantes.

Sin embargo, las operaciones corporativas van lentas y muchas no cuajan. La ruptura anunciada este lunes por Caja España y Caja Duero es otro mal precedente. El Banco de España intenta reconducir la situación y ha instado a ambas entidades a que reanuden las negociaciones. Como en los demás casos pendientes, es deseable que la voluntad de diálogo y el planteamiento profesional se imponga sobre las discrepancias por el reparto del poder o la ubicación de las nuevas sedes.

Es preciso reiterar la necesidad de dejar hacer a los actores principales; es decir, a las cajas. En demasiados casos, las operaciones se están ralentizando o reorientando simplemente por razones políticas. Y así es difícil avanzar. Las presiones políticas, especialmente de los Gobiernos regionales, siguen ejerciendo una perniciosa influencia en este proceso, cuando la función de estos debe quedar limitada a una vigilancia estrecha, nunca intervencionista. La prueba de su indeseable labor de freno al proceso está en las dificultades planteadas a las fusiones interregionales o, en ese mismo sentido, a cambiar la ley para facilitar las regionales, como hizo ayer Galicia. En cualquier caso, es imprescindible que los políticos cedan terreno a favor del Banco de España. Al regulador financiero, y a nadie más, corresponde promover y tutelar las operaciones con el objetivo de que el resultado final del proceso sea satisfactorio.