Una huelga general no es nunca un éxito. Más al contrario, revela siempre un fracaso, puesto que a ella se llega ante la imposibilidad de consenso sobre aquellas cuestiones que desatan la convocatoria. Aunque es un instrumento sindical, tiene un alto componente político, puesto que tratar de paralizar plenamente la actividad económica y ciudadana de un país no es otra cosa que una enmienda completa a la gestión de un Gobierno que, independientemente del grado de respaldo electoral, ha sido elegido, y en este caso hace aún menos de un año, por el sufragio directo de la población.

El paro general y las masivas manifestaciones de ayer, paralelo a una jornada de reivindicación continental en toda Europa, ha constatado el decreciente respaldo laboral ya observado en marzo, propio del cansancio de un tipo de instrumento de resistencia económica que está practicando el movimiento sindical en España. Y tal respaldo menguante coincide, contrariamente a lo que resultara de aplicar el sentido común, con un incremento hasta niveles récord tanto del descontento social con la situación económica como de los indicadores socioeconómicos, todos en grado de pesimismo máximo. Los sindicatos, que nunca habían llamado dos veces a la huelga general en un solo año, y menos con ambos en plenos procesos electorales, deben someter su proceder político a una revisión seria. Por varios motivos. Primero, porque no han logrado el éxito esperado con su argumentario pese al deterioro de la situación económica; segundo, porque el descontento social se está canalizando por vías bien diferentes a las que ellos (y los partidos políticos) han construido, como demuestra la adhesión creciente a un movimiento social como el del 15-M o la aparición de plataformas de ayuda ante conflictos muy concretos, como en el caso de los desahucios de casas; y tercero, porque el nivel de crítica a su comportamiento de confrontación -en parte como consecuencia de la poca sensibilidad del Gobierno al diálogo- alcanza valores en absoluto despreciables.

La gravedad del contexto económico y social de España no admite réplica. Nunca en periodo democrático la economía cayó tanto y durante tanto tiempo, generó tanto desempleo, destruyó tanta riqueza, atrapó a tanta gente y ofreció un horizonte tan difuso. Si la entrada en el euro fue una explosión de liquidez, crédito y oportunidades, sus esquemas se han convertido ahora en una atadura para la economía de la que no se puede salir. Como muy bien afirmaba ayer un banquero, España solo tiene futuro dentro del euro y, por tanto, no hay plan B que valga. No hay alternativa al euro y a las políticas que los socios consideran como válidas para recomponer los niveles de confianza que devuelvan los flujos de liquidez precisos y recuperen la economía y el empleo.

Sea este Gobierno o cualquiera otro, tendría muy poca capacidad de maniobra en la política económica, y ante tal circunstancia seguramente un pacto de Estado sería lo menos malo para ganar tiempo en la salida de la crisis. Si España está definitivamente abocada a pedir socorro financiero explícito, mejor sería que fuese con consenso político, sindical y empresarial, algo que en otros países se ha revelado como imprescindible incluso para que los socios accedieran a concederlo.

Nunca es tarde para un pacto nacional que combine los sacrificios con los estímulos a la actividad, si ello ahorra crispación en la calle y las instituciones, y si acorta los tiempos para la recuperación de la economía. El Gobierno ya ha advertido, como no podía ser de otra forma, que mantendrá su hoja de ruta reformista y de rigor fiscal; pero debería abrirse más al diálogo y a los estímulos al crecimiento, sobre todo tras el balón de oxígeno que le dio ayer Bruselas. Los sindicatos y los empresarios deberían sentarse a buscar atenuantes para los sectores más vulnerables, algo que no han hecho con convicción desde que en la primavera de 2010 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero empezase con la economía de rigor. Y los partidos de la oposición, sobre todo el PSOE -que estuvo en el Gobierno hasta hace poco y que en buena lógica volverá algún día a él-, deben practicar más el entendimiento ensayado ahora para evitar los repulsivos desahucios que la huida hacia el conflicto explicitado en su abierto respaldo a la huelga general.