Así lo ha blasonado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, al hacer pública la aprobación del proyecto de directiva que instaurará la tasa Tobin: un impuesto sobre las transacciones financieras. Los países de la Unión están, o más bien han estado, divididos en torno a la viabilidad o no de la misma. Pero la realidad ya no es caprichosa. Los Estados, o más bien las arcas públicas, están exhaustos. El Estado del bienestar se desmantela a jirones sin que nos demos casi cuenta. No hay de donde sacar más euros y no se quieren gravar o explorar otras vías que afecten directamente al ciudadano. No es que Europa no haya implantado imposiciones a las transacciones financieras, al contrario, una decena de países ya las aplican de un modo u otro, el problema es que no es suficiente lo que hay.

No falta demagogia de cara a la implantación de esta célebre tasa tobiniana. Ante la Cámara europea contrapuso la benevolencia de esta tasa a las transacciones que dejan fuera al consumidor, al pequeño empresario, frente a la incidencia de adoptar nuevas medidas fiscales que graven el trabajo y el consumo. Ante ese panorama no es de descartar que hasta los más reacios acepten o blandan su conformidad. Son malos tiempos también para el erario bruselense-europeo.

Pero ¿por qué ahora y no antes si llevan meses algunos economistas y políticos pidiendo la tasa? Hasta hace poco y pese a los distintos planes de acción comunitarios -y máxime en el ámbito de los mercados y servicios financieros, amén de todo el Derecho de sociedades y su fiscalidad-, ha primado cierta desregulación en el ámbito de lo financiero. Adoptar una tasa, gravar transacciones financieras, derivados y mercados tiene ventajas, hace caja rápida, pero también tiene desventajas si otros países fuera de la Unión no aplican la receta.

Estamos jugando con transacciones multimillonarias y con el peligro si no se aplica internacionalmente en la economía que cruza el eje Atlántico-Pacífico de una fuga de capitales y de operaciones pese a la marginalidad del tipo, marginalidad que no obstante significa una recaudación de más de 50.000 millones de euros anuales.

Berlín y París la apoyan. Madrid también y gran parte de países de la Unión. Reino Unido es escéptico, pero sorprende que sea renuente el Banco Central Europeo. La avidez de financiación y de dinero de los políticos y las arcas públicas no casa demasiado bien con la prudencia económica y sobre todo con el análisis correcto de los riesgos que puede ocasionar. Por lo pronto, si no todos los países de la Unión están de acuerdo, se aplicaría probablemente a la zona euro, los países que están pasando enormes dificultades financieras, de volatilidad alarmante en los mercados y con primas de riesgo descabelladas.

Poco se sabe o saben nuestros políticos de este impuesto, propuesto hace ahora 40 años por el economista James Tobin. Un impuesto sobre el flujo de capitales a nivel internacional. Les interesa la musicalidad del sonido, recaudación, no la partitura, no la letra. Y aquí hay pros y contras. ¿Quién pagará efectivamente la tasa?, ¿sobre quién recaerá el devengo?, ¿quién la pagará y sobre quién finalmente acabará siendo repercutida?, y ¿adónde irá destinado el beneficio de la misma? No hace muchos años algunos blasonaban que esta tasa se impusiese y lo recaudado se destinase a erradicar la pobreza del mundo. Pero no se hizo caso. La política caminaba subyugada por ese capitalismo financiero salvaje y en el que el G-20 de 2008 quiso, desde la ignorancia del cinismo, volverle un rostro humano en palabras del presidente francés. Pues han faltado entonaciones de un mea culpa de políticos y gobernantes que han consentido y tolerado demasiadas cosas para llegar al estado en el que ahora estamos. No piensan si una medida como esta tasa Tobin es intervencionista o no. Piensan con mentalidad confiscatoria recaudatoria.

Por último, la tasa Tobin, ¿puede llegar a ser un instrumento de control de las transacciones financieras especulativas en los mercados de créditos y bursátiles, sobre todo en productos de alto riesgo y volatilidad? Por el momento, no se aplicará o esa es la intención a todo movimiento de capitales, sino a algunas operaciones y contratos financieros, oscilando el gravamen entre el 0,1% y el 0,01%, en función de la transacción y si hay instrumentos financieros derivados por medio.

Nos avanzan que quedan al margen del gravamen las operaciones financieras habituales de consumo, hogares y pymes, como contratar una hipoteca, un préstamo o un contrato de seguro. Pero no definen habitualidad ni tampoco otros requisitos objetivos y subjetivos. Veremos.

Abel Veiga Copo. Profesor de Derecho Mercantil de Icade