En las últimas semanas se han establecido acertados paralelismos entre la situación crítica por la que atraviesa la economía ahora, con daños mucho más abultados que en las economías comparables y con un escenario de recomposición de la riqueza destruida mucho más complicado, y la del final de los años setenta, tras las dos sacudidas del petróleo. En aquellos años de renacimiento democrático, los partidos políticos, incluidos los más radicales, cerraron filas en torno a un compromiso para salvar a una economía en descomposición y lograron el consiguiente seguidismo de sindicatos y patronal. Los Pactos de La Moncloa pusieron a buen recaudo un cambio político que corría el riesgo de fracasar si el pesimismo económico hacía mella en el ánimo ciudadano.

Hoy no hay riesgo de involución ni de revisión política más allá de un hipotético giro en el ánimo electoral recogido en la práctica parlamentaria. Pero la situación económica no es, bien analizada, muy diferente a la de entonces. Los españoles tienen únicamente la seguridad de que, igual que entonces supieron encajar sacrificios para adaptarse a la situación y superarla, en el momento presente también sabrán estar a la altura de las circunstancias. Porque esta crisis transformará radicalmente la economía tras el agotamiento por sobreesfuerzo de un modelo económico, como lo hizo la que desde los setenta llegó hasta medidos los ochenta. Y si entonces fue necesario tocar todas las teclas del sistema productivo, con un consenso político básico, hoy no será muy diferente. Los paradigmas productivos han cambiado, pero sin reformar todos los mercados de bienes, servicios y factores en profundidad, la economía no recuperará el vigor previo a la crisis. Cuanto antes se operen tales modificaciones, mejor, y cuando más consenso social y político conciten, mejor que mejor. España ha perdido dos años para explorar un consenso nacional como el que los alemanes han disfrutado durante cuatro años. Eso ya no tiene remedio. Pero nunca es tarde si el consenso es bueno.

Tras el ruido de las últimas semanas, en el que se han mezclado incluso atribuciones nunca antes ejercidas de la Corona, ayer el presidente del Gobierno ofreció un pacto a todos los grupos parlamentarios, explicitado en cuatro materias que pueden cambiar el devenir de la economía si se aprovechan convenientemente. De una manera de gobernar bastante individualista e ideologizada por parte del Ejecutivo desde que comenzó la crisis, en la que el espacio para el acuerdo se ceñía a suscribir la expansión del gasto público con la justificación de aminorar los efectos contractivos de la recesión, se ha pasado a una oferta de pacto en la que se admite hasta la vuelta al rigor fiscal perdido. El toque de atención de los mercados financieros a las economía sureñas de la zona euro ha puesto en revisión buena parte de los planteamientos de Zapatero, como ha demostrado la posibilidad de reformar el sistema de pensiones, el mercado de trabajo o la racionalidad de las cuentas públicas. Los maximalismos tradicionales que envolvían la ofertas de consenso del pasado, por tanto, podrían haber desaparecido con las políticas que lo practicaban. En todo caso, no han logrado disipar del todo la sospecha de identificar a la oposición con la intransigencia para encubrir la intransigencia propia.

Sin embargo, el planteamiento antipactista de la oposición mayoritaria, por cuyo apoyo pasa todo consenso que quiera considerarse como tal en política económica, es más explícito que nunca. El cálculo electoral sigue presente en cada paso que da el Partido Popular, ahora con la justificación de que "sería irresponsable hacerse corresponsable de una política fracasada" y de que "los españoles deben saber que no están condenados a una política fracasada, puesto que hay una alternativa".

El Gobierno debe considerarse más que nadie responsable de buena parte de los empleos perdidos en la crisis. Pero quien se niegue ahora a un consenso lo será de cuantos se pierdan en los dos próximos años. Practicar política con cálculos electorales ventajistas puede ser políticamente rentable, pero es económica y socialmente miserable. España necesita un acuerdo de todos a mitad de camino de los planteamientos visceralmente defendidos hasta ahora. No vale un acuerdo con esta política económica, pero tampoco tendría sentido con la excluyente que plantea la oposición.