Sobre la subida de la luz
El Ministerio de Industria y Energía elevó el pasado día 10 de diciembre a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la propuesta de revisión de tarifas eléctricas y del gas que se aplicará a partir del 1 de enero. Dicen las informaciones de prensa que para la electricidad, la subida media en el recibo de los usuarios domésticos será del 3,5%, mientras que para el gas natural la propuesta es de bajada en torno al 2,5 % después del incremento del 9,6% experimentado en octubre pasado. El ministerio precisa que sus propuestas están condicionadas 'a que se suscriba el acuerdo para reducir el déficit tarifario en el que han estado trabajado durante el otoño' Industria y las compañías eléctricas. Esta cuestión fue tratada en la columna del viernes anterior aparecida en las páginas de Cinco Días bajo el título 'El déficit tarifario: costes y precios'.
Vivimos instalados en la sorpresa permanente, derivada de observar cómo cuestiones de tanta transcendencia, como la del 'déficit tarifario' -una hipoteca invisible que supone desde el año 2000 más de 15.000 millones de euros, resultantes de la diferencia entre los precios a los que nos facturan la energía eléctrica que consumimos y los precios que asigna a esa energía el peculiar mercado español- apenas encuentran reflejo en los medios de comunicación, tantas veces entregados a perseguir falsos señuelos y a magnificar asuntos de muchísima menos cuantía. Hay una carencia absoluta de memoria energética, los altos funcionarios ministeriales responden solo a impulsos primarios sin desenredar la madeja. Proceden con actitudes adanistas, como si cada mañana estuvieran inaugurando el mundo. Parecen estar en Belén con los pastores y con el ruido de las zambombas desatienden sus deberes elementales.
En cuanto a la Comisión Nacional de la Energía, su propuesta del 7 de noviembre de subir la energía un 31% era consecuencia inevitable de los deberes estrictos que le impone la actual regulación. Otra cosa es que nada más hacerse público el dictamen el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se arrancara en corto para descalificarla, asegurando que no merecía la pena que ni siquiera se tomara en consideración. ZP y el titular de Industria, Miguel Sebastián, se desahogaron desautorizando a la presidenta de la CNE, Maite Costa, convencidos de que no les sigue la corriente. En la misma línea de elementalidad se pronunciaron los portavoces de CiU para quienes la cifra era escandalosa y los del PP que la tildaron de atropello.
La tarea elemental pendiente que nadie aborda es la de examinar las consecuencias derivadas de la derogación del Marco Legal Estable (MLE) por el gobierno de Aznar mediante la Ley del Sector Eléctrico 54/1997. Además en esa misma fecha por iniciativa del Secretario de Estado Benigno Blanco el gobierno prorrogó las concesiones hidroeléctricas por 75 años, bajo la conocida fórmula de que a quien Dios se las dio, San Pedro se las bendiga. Así que las inversiones han sido retribuidas conforme a sus costes reconocidos y las compañías ya se han resarcido de manera que ahora las centrales nucleares y las hidroeléctricas operan con costes marginales. Entre tanto sucede que el peculiar mercado español de la electricidad establece como precio de todos los kilovatios el del que entra en la red a mayor coste, de donde resulta que algunos han convertido las pérdidas regulatorias en beneficios regulatorios en términos de un verdadero festín.
Alguien debería recomendar la lectura del Libro Blanco de la Energía, de impecable factura universitaria y proyectar a partir de cuando los excesos cobrados bajo el epígrafe de Costes de Transición a la Competencia, los famosos CTC, deberían empezar a devolverse o compensarse. Además se impone diseñar una reforma legal de manera que se salden las desventajas que nuestro sector energético padece en relación con el de otros países miembros de la Unión Europea, pero seguimos sin noticias. Veremos.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista