'Spain is not different'

Con la presentación el pasado fin de semana de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 y las necesidades de capital de la banca estimadas por la consultora Oliver Wyman, parte de las ayudas públicas aportadas a la banca española podrían computar como déficit público, lo que complicaría aún más el cumplimiento del objetivo del 6,3% este año y del 4,5% en 2013. De hecho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que el déficit de 2011 se elevaba del 8,96% al 9,44%, precisamente como consecuencia de las ayudas a la banca.

Hasta ahora, el Gobierno ha insistido en que la crisis bancaria no iba a costar dinero a los contribuyentes. Y eso es algo que va en contra de la amplia evidencia empírica disponible para muchos países y crisis bancarias que, en mayor o menor grado, acaban repercutiendo en el déficit público. Como dicen algunos expertos en resolución de crisis bancarias, si una crisis no cuesta dinero al contribuyente, es que no está resuelta.

En junio de este año, el FMI publicó un documento donde hace repaso de las crisis bancarias que se consideran sistémicas, es decir, aquellas que suponen importantes pérdidas para el sector bancario y la necesidad de adoptar medidas de política económica para su resolución como nacionalización, soportes a la liquidez, compra de activos, etc., y que han tenido lugar a lo largo y ancho del planeta desde 1970 a 2011. Los autores del informe (Laeven y Valencia) han recopilado información de 147 crisis bancarias y llegan a la conclusión de que, por término medio, el coste fiscal asociado a la recapitalización, compra de activos, etc., asciende al 6,8% del PIB, siendo el coste mayor en los países en desarrollo y emergentes (10%) que en los avanzados (3,8%). Además, el aumento en la deuda pública asociada a una crisis bancaria representa por término medio el 12,1% del PIB, llegando al 21,4% en las economías avanzadas. Pero al margen de los costes para el erario público, la pérdida acumulada en la renta potencial del país alcanza el 23% del PIB, siendo en esta ocasión mayor el impacto de la crisis en los países avanzados (32,9%) que en las economías emergentes (26%).

Si repasamos las ayudas públicas que ha sido necesario implementar en la actual crisis bancaria española, los cálculos son los siguientes: el FROB1 (ayudas en forma de préstamos) concedió 10.066 millones de euros de financiación a ocho procesos de integración, de los que casi la mitad corresponde a la creación del grupo BFA-Bankia. El FROB2 (compra directa de acciones y por tanto nacionalización) inyectó capital por importe de 4.751 millones de euros, tomando participaciones del 100%, 93% y 90%, respectivamente, en Unnim, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia. A esta cuantía hay que añadir la inyección de capital por importe de 2.800 millones de euros con la intervención de la CAM, por lo que el total de capital con cargo al FROB2 ascendió a 7.551 millones de euros, si bien tras la integración de la CAM con Banco Sabadell y asumir el FGD esa cuantía, el importe total con cargo al FROB se eleva a 4.751 millones de euros. En consecuencia, la suma del FROB1 y 2 finalmente ascendió a 14.817 millones de euros.

¿Qué parte de estas ayudas públicas podrían potencialmente darse por perdidas y, por tanto, aumentarían el déficit público? Por un lado, los 4.465 millones de euros de ayuda del FROB1 a BFA-Bankia que ya han sido transformadas en capital. A Catalunya Caixa el FROB1 le prestó 1.250 millones de euros y a Novacaixagalicia, 1.162 millones de euros. Pero posteriormente, y con objeto de cumplir con las exigencias del RDL 2/2011 de reforzamiento del sector financiero, el FROB2 inyectó capital por importe 2.465 millones de euros en Novacaixagalicia y 1.718 millones de euros en Catalunya Caixa. Falta añadir 1.000 millones de euros de capital que en junio de 2012 el FROB suscribió de la ampliación de capital del intervenido Banco de Valencia. En total, 12.060 millones de euros que es posible que el Estado no acabe recuperando y que, por tanto, elevarían el déficit público en torno al 1,2% del PIB.

Pero además del coste directo para el Estado en caso de que las ayudas no se recuperen, hay que tener en cuenta que las ayudas que se concedan a partir de ahora con cargo al fondo de rescate europeo (se habla de una cuantía en torno a los 40.000 millones de euros) son deuda pública, cuyos intereses repercuten en los PGE. Desgraciadamente, la esperanza que existía de que el importe del rescate dejara de computar como deuda pública al ser asumido por el fondo de rescate una vez la supervisión bancaria pasara a manos del Banco Central Europeo, se ha desvanecido con las recientes declaraciones de los dirigentes alemanes que apoyan la recapitalización directa, pero solo una vez la unión bancaria sea una realidad y sin efectos retroactivos.

Pero la historia no termina aquí. Los resultados de las pruebas de estrés recién realizadas arrojan unas necesidades de capital en el escenario adverso de 53.000 millones de euros, de los que 46.206 millones de euros corresponden a las entidades que ya estaban nacionalizadas. Si parte de ese importe no se recuperara, en un futuro las pérdidas correspondientes también serían déficit público que pagaríamos entre todos.

El Gobierno tiene razón cuando afirma que el coste de la crisis bancaria hubiera sido menor si, al igual que otros países, se hubieran reconocido mucho antes los problemas y se hubiera inyectado entonces el capital público necesario para sanear las pérdidas. Al final de la fiesta la inyección pública de capital se va a situar en torno al 6% del PIB, triplicando el valor reconocido hasta la llegada del rescate bancario.

En resumen, en lo que al coste público de las crisis bancarias se refiere, Spain is not different, por lo que afectará al bolsillo de los contribuyentes. Lo que está claro es que si parte de las ayudas a la banca se materializan en más déficit público, la tijera del gasto tendrá que ser mayor de lo previsto, lo que retrasará aún más la deseada recuperación. Y por si fuera poco, no se va a conseguir en breve la ruptura del círculo vicioso existente entre la deuda pública y la bancaria que se lograría a través de la capitalización directa de los fondos de rescate europeos, dadas las enormes discrepancias existentes con relación a la construcción de la unión bancaria. Y si no, que se lo pregunten a Alemania.

Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia-Ivie y colaborador de CUNEF