Una sombra menos en el horizonte
Tras una maratoniana negociación que culminó a las cinco de la madrugada del martes, AENA y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para desconvocar los 22 días de huelga que amenazaban con sabotear el sector turístico español a lo largo de los próximos meses. Tras enfatizar que la compañía es y seguirá siendo "mayoritariamente pública", un ministro de Fomento exultante se confesaba satisfecho con el resultado de las negociaciones y anunciaba una campaña de comunicación para explicar a la opinión pública internacional que la Semana Santa y el verano español siguen abiertos al turismo foráneo.
El preacuerdo alcanzado ayer se sustenta sobre dos grandes pilares. El primero de ellos garantiza que en los futuros contratos de concesión aeroportuaria se establecerá una plantilla mínima que no podrá modificarse, salvo con la autorización de la sociedad de vigilancia y previa consulta con las organizaciones sindicales. El segundo gran pilar obliga a que el actual convenio colectivo de AENA se aplique a todos sus trabajadores -también a los que trabajen en las concesionarias- hasta el mes de diciembre del año 2018.
El anuncio del desbloqueo del conflicto es, sin duda, una buena noticia para el sector turístico y para todo el conjunto de la economía española. Un sector que, a la vista de la inestabilidad sociopolítica que sacude el norte de África, aspira a beneficiarse de un importante incremento en el número de visitantes durante los próximos meses. Sin embargo, y pese a que los sindicatos dan por hecho el fin de la amenaza de huelga, el texto todavía debe ser ratificado por la plantilla de AENA. A la espera de ese respaldo, que previsiblemente se producirá a finales de la semana que viene, la incertidumbre continúa ensombreciendo -y perjudicando- el sector.
En otro plano, y como ellas mismas explican, las condiciones laborales acordadas ayer constituyen un lastre para las empresas que aspiran a la concesión de la gestión aeroportuaria. Un lastre que -adelantan- incidirá en el precio que estén dispuestas a ofertar en la puja o bien repercutirá en el bolsillo de los usuarios de los aeropuertos. Como recordaba ayer un alto directivo de una compañía aérea europea, lo importante en el proceso de semiprivatización de El Prat y Barajas es asegurar que ambos puedan gestionarse "con criterios de empresa privada", más allá de que su titularidad sea mayoritariamente pública o privada. Una exigencia vital para los intereses de las empresas concesionarias y también para el ajuste de las finanzas públicas. En cualquier caso, el primer efecto del preacuerdo es que se despeja una notable incertidumbre que se cernía sobre la primera industria española, como es el turismo.