El plan de rescate presentado ayer por el flamante presidente de General Motors para evitar la quiebra de la compañía es un rosario de sacrificios, cuya dimensión se habría evitado si se hubiese optado por tal mecanismo de ajuste hace unos años. Con el plan presentado pierde la industria, con el cierre de trece plantas de ensamblaje y la amortización de cuatro marcas de élite; pierden los 21.000 trabajadores que se quedan sin empleo; pierden los bonistas que han engordado la huida hacia delante de la empresa los últimos años, y pierden los contribuyentes que ven cómo ingentes cantidades de dinero comprometidas en General Motors son irrecuperables.

Pese a los sacrificios, el plan no tiene garantías de éxito, porque hay que encontrar primero a bonistas, estatales o no, dispuestos a canjear su deuda en acciones de una compañía con futuro bien incierto, en el que, en cualquier caso, la tutela pública será inevitable, en una economía que repudia la intervención del Estado en los negocios, por mucho revisionismo que se haya practicado en los últimos años de este paradigma. Además, parece un descomunal esfuerzo colectivo para evitar un acontecimiento que el mercado ha descontado ya y que podría ser la purificadora solución para una industria con una estructura de costes viciada, que no soporta comparación con la competencia.