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Columna
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Un sistema de clemencia igual para todos

La aprobación el pasado viernes del procedimiento de clemencia que permite evitar las multas a las empresas que denuncien la existencia de un cártel, servirá, según los autores, para atajar muchas de las prácticas contrarias a la competencia que se producen en España

Alguien sabe para qué sirve una política de la competencia? Muy sencillo, para garantizar que las empresas se partan la cara para ofrecer precios más baratos. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien se comporta de manera anticompetitiva? Pues que los consumidores 'pagan el pato', principalmente a través de precios más altos.

Durante años, en España la política de competencia languidecía en un incómodo rincón entre una pseudo-política industrial y la indiferencia más absoluta.

Por un lado, se aplicaban unas normas cuyo formalismo y rigidez hacían dudar mucho de su contribución a un mercado más competitivo, y por el otro, la autoridad de competencia apenas lograba detectar y sancionar acuerdos anticompetitivos. Es decir, eran relativamente frecuentes (y lo siguen siendo) los casos de empresas competidoras que mantenían contactos más o menos secretos en los que acordaban ajustar los precios al alza, impedir que ninguna empresa vendiera por debajo de un determinado precio y castigar al osado que optase por competir.

Estas conductas (susceptibles de penas de cárcel en países como Estados Unidos) permanecían impunes debido a que la autoridad de competencia rara vez lograba reunir suficientes pruebas que le permitieran probar tales prácticas anticompetitivas y acusar a las empresas participantes.

Uno de los principales objetivos de la nueva política de competencia está relacionado con la detección de este tipo de acuerdos anticompetitivos.

A este respecto, el nuevo Reglamento de la Ley de Defensa de la Competencia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros adopta el 'mecanismo del palo y la zanahoria'.

Por un lado, permite a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) imponer multas millonarias a aquellas empresas que participen en un acuerdo anticompetitivo. Por el otro, introduce un programa de clemencia (también conocido como leniency) consistente en exonerar del pago de estas multas -o en reducir su importe- a aquellas empresas que primero delaten a los otros miembros de un pacto anticompetitivo.

Este sistema de premiar al 'arrepentido' puede parecer injusto por aquello de que 'la piedad por el culpable es traición al inocente'. No obstante, a nivel comunitario ha resultado un mecanismo extraordinariamente eficaz en la detección de acuerdos contrarios a la libre competencia.

Esto quiere decir que si usted se ha estado reuniendo con sus competidores y discutiendo cómo lograr menos competencia (por ejemplo, subiendo los precios), tiene razones para estar inquieto no sólo en lo que se refiere a la legalidad de sus reuniones (de hecho, su ilegalidad es incuestionable) sino porque ha depositado su confianza en quienes deberían ser sus mayores enemigos: sus competidores. A partir de ahora, estos 'compañeros de reunión' tienen razones de peso para delatarle, ya que las multas que puede imponer la Comisión Nacional de la Competencia pueden llegar a dar al traste con cualquier balance de ingresos y gastos.

Delatar supone librarse de esta multa que seguro se impondrá a sus competidores. Sin duda, una doble ventaja, por lo que puede que incluso le convenga a usted adelantarse a sus antiguos amigos.

Este mecanismo de clemencia resulta complejo y determinados flecos, como la apertura de un proceso penal en paralelo, no están del todo resueltos. No obstante, su éxito parece seguro si tomamos como ejemplo lo que ocurrió a nivel comunitario, donde tras la introducción del programa clemencia (y en particular tras su reciente reforma) la Comisión Europea se vio prácticamente inundada de peticiones de clemencia y logró gracias a ellas imponer multas récord a aquellas empresas que habían pactado los precios de sus productos.

La Comisión Nacional de la Competencia tiene ahora el gran reto de aprovechar esta reforma legislativa para asegurar que las empresas realmente compitan en el mercado. Y quizás a muchas empresas les toque a partir de ahora partirse la cara con más de uno.

Álvaro Ramos / Eduardo Cabrera. Miembros del bufete sobre competencia afincado en Bruselas Howrey LLP

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