Los que saben de esto dicen que uno de los principales inconvenientes que tiene la energía nuclear radica en los residuos que genera, debido a su larga vida y a su alta peligrosidad por la radiactividad que conservan. Sin entrar en el debate sobre cuáles deben ser las fuentes de energía del futuro, y dado que hasta la fecha estas plantas continúan proporcionando un porcentaje nada despreciable de la energía que consumimos por lo que sin ellas tendríamos problemas insalvables de suministro eléctrico, la cuestión se centra en la necesidad de disponer de alguna solución eficaz para confinar sus peligrosos y longevos residuos. Sobre este particular, el Parlamento español, es decir, los representantes institucionales a los que la ciudadanía a través de las urnas les otorgamos la competencia de legislar sobre las cuestiones que nos atañen, ha dictaminado que, a la luz de la evidencia científica, resulta necesario un almacén para este tipo de desechos industriales y que, por tanto, debe construirse.

Hasta aquí todo parece lógico y razonable. Claro, hoy por hoy (ya llegaremos a ello, la ciencia avanza que es una barbaridad) esta instalación no puede situarse en el espacio estelar donde no haya nadie que diga eso de "será necesario, pero que se lo coloquen a otro". Debe ubicarse en algún lugar que reúna las condiciones técnicas apropiadas para ello. Cualquiera de esos lugares pertenecerá a un municipio en el que sus vecinos pronto mostrarán una opinión sobre este nuevo proyecto. Y su opinión se transformará en una posición pública más o menos notoria. Como se trata de un asunto que implica presumibles riesgos para la salud pública, esa posición genera un alto interés social y, consecuentemente, desencadena declaraciones de los partidos políticos en las que se mezclan convicciones ideológicas, populismo oportunista y luchas por espacios de poder. Surgirán también las movilizaciones más o menos espectaculares de los grupos activistas que mantienen una oposición frontal a la energía nuclear. Como vemos, de lo que era una medida razonable y necesaria a la luz de las evidencias científicas, hemos pasado a un escenario de crispación, como el que estamos viviendo estos días y que solo acaba de empezar.

Para seleccionar el lugar adecuado para una instalación que se muestra como necesaria y de interés general se podrían plantear dos opciones. Una sería la de estudiar las ubicaciones según las características técnicas y condiciones socioeconómicas más idóneas y después tomar contacto con los responsables municipales de los lugares aptos para determinar cuál es el adecuado. La otra sería actuar como se ha hecho, dejando que sean los municipios los que se postulen, atraídos por las ventajas económicas y de generación de empleo de una nueva instalación industrial en una coyuntura de precariedad económica, para posteriormente elegir de ellos el más propicio.

Cada uno de los dos casos recomienda estrategias de comunicación diferentes, aunque ambas están condicionadas por el mismo principio: lo que es una necesidad global no se percibe necesariamente como una necesidad a nivel local. O, por ser más claro, lo que a nivel global se considera un proyecto necesario, aunque con riesgos que podrán limitarse con el uso de la más avanzada tecnología disponible, para el ámbito local representa un proyecto industrial que aunque pueda representar una oportunidad económica y de empleo supone una gran incertidumbre para la salud de las personas que allí viven y cuyo riesgo, aunque parezca remoto, muchas de ellas no están dispuestas a asumir. No se trata de insolidaridad o al menos no principalmente, se trata de miedo a lo que no se conoce o lógica intolerancia a los riesgos desconocidos. Ello convierte a sus protagonistas en vulnerables para caer en los brazos de aquellos que se oponen a este tipo de fórmula energética por razones ideológicas y ven en estas situaciones un marco ideal para la consecución de sus objetivos. Un escaparate donde los personajes encargados de portar los mensajes que ellos defienden, son personas nada sospechosas de estar involucradas en su causa partidista, y que se presentan como "víctimas" de una actividad peligrosa que demostraría la verdad de sus denuncias.

Al elegir la opción de poner en competencia a los municipios para albergar el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos se puede conseguir, después de librar la batalla política, seleccionar aquella ubicación que, además de reunir las condiciones técnicas apropiadas, presenta un clima social con mayor respaldo al proyecto o, si se quiere ver desde la otra perspectiva, con un nivel de rechazo más reducido. No obstante, el momento de la elección final será crítico porque es entonces cuando la polarización de las posturas se agudizará. En esta fase la comunicación con la población será clave. Deberá ser una comunicación que tenga en consideración los estímulos a los que responde la población para tomar una posición final en casos como éste donde lo emocional pesa más que lo racional. En estas ocasiones, aunque tiene su importancia, no es suficiente con comunicar los beneficios y las garantías de seguridad de la instalación. La ciudadanía debe sentir cercanía y comprensión a sus preocupaciones, necesita ser tratada con la sensibilidad que requiere un asunto que pudiera llegar a afectar a lo que más se valora, su salud y la de los suyos.

Arturo Zubiaga. Director de Consejeros del Norte, Consultores de Comunicación