La evolución de los ingresos y pagos del Estado y la Seguridad Social en los dos primeros meses del año no es lo suficientemente significativa como para sacar conclusiones sobre el marchamo financiero de este año, pero dejan ya algunas señales que no deben ser desatendidas. Independientemente del desempeño de los números, el secretario de Estado de Hacienda ya ha enviado un recado bien explícito a las comunidades autónomas, en cuyas manos está reducir hasta el 6% del PIB el déficit fiscal en 2011, desde el 9% en que se han cerrado las de 2010. De hecho, ha señalado con claridad de dónde puede recortarse, respetando aún los programas de gasto que responden a la atención de los derechos subjetivos universales, como la sanidad y la educación.
El Gobierno señala a la inversión pública como uno de los programas en los que los responsables autonómicos deben entrar, tal como el propio Gobierno central ya hizo el año pasado desde que en mayo las autoridades comunitarias marcaron el rumbo de la política presupuestaria a Madrid. Pero incluso en los programas sanitario o educativo, sus gestores deberían afrontar de una vez las fórmulas de cofinanciación vía impuestos y copagos, con pequeñas aportaciones por uso, tal como algunas comunidades han planteado para la sanidad y la educación. De mantenerse así, como un derecho universal garantizado y gratuito, su demanda tiende al infinito, y no son precisamente infinitos los recursos públicos disponibles para costearlos.
Una vez resueltas las elecciones autonómicas de mayo, el debate tiene que pasar de la literatura a las matemáticas, porque es insostenible mantener los actuales niveles de gasto, y a su vez lograr reducir el déficit a los estándares marcados por Bruselas. Todo no se puede hacer a costa de la inversión, porque estaríamos sacrificando el crecimiento del futuro y convirtiendo al Estado en un instrumento puramente asistencial.
Es cierto que lograr el 6% del PIB como desajuste fiscal este año depende de las comunidades, de cuyas cuentas desconocemos más cosas de las que conocemos. Pero las señales que envían los dos primeros meses del año en el comportamiento de los ingresos y los gastos del Estado no son buenas. Los ingresos se resienten en casi todas las figuras por el comportamiento muy plano de la actividad, con caídas incluso en impuestos en los que se han elevado los tipos (tabaco o IVA), y aquellas que dieron un salto espectacular en 2010 sobre el desierto de 2009 ya no lo proporcionan ahora. En los gastos, únicamente la congelación de las pensiones y la reducción a los funcionarios y la inversión contribuyen al objetivo. Pero los gestores públicos deben tener dispuesto un plan B con un nuevo ajuste fiscal, más inclinado a reducir gastos que a incrementar impuestos, por si andando los meses los números no se acercan al 6%.
