...Y que ésta sea la definitiva
Como era de esperar, el acuerdo de principios alcanzado el miércoles pasado entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy para acelerar la reestructuración y reforma de las cajas de ahorros no ha sido acogido por todos por igual.
A falta de que se conozcan los detalles en los que se plasmará este pacto, las reacciones no se hicieron esperar. Y como tampoco era de extrañar las principales críticas procedieron de los responsables de los Gobierno autonómicos, caso de José Montilla, de Cataluña, y de Juan Vicente Herrera, de Castilla y León.
Montilla pidió que las cuotas participativas -acciones sin derechos políticos- que puedan emitir las entidades de ahorro con derechos de voto una vez que se reforme la Ley de Cajas de ârganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) sean minoritarias. Es decir, que en ningún caso lleguen al 50%. Y pidió que la reforma del sector se haga desde el respeto a las competencias de la Generalitat y al modelo catalán de cajas, que, dijo, es "profesional y no politizado", a diferencia de lo que sucede en otras partes de España.
El presidente de Castilla y León fue ligeramente más beligerante con el pacto alcanzado entre el Gobierno y PP. "Lo que no entiendo y me parece disparatado es que uno de los objetivos de la reforma vaya a ser privar a las comunidades de determinadas competencias", afirmó en relación a la posibilidad de que el Banco de España tenga la última palabra sobre las fusiones de cajas, sobre todo de las interregionales, las más complicadas precisamente por las trabas de los Gobiernos regionales.
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) también es contraria al pacto. "No aceptamos la bancarización de las cajas porque supondría una invasión de competencias de las comunidades autónomas y pondría en riesgo un modelo que da prioridad a los aspectos sociales y públicos de las cajas", señaló el miércoles pasado esta formación política. En términos muy parecidos se pronunció IU. "Izquierda Unida se opone y se opondrá a cualquier proceso de reestructuración que contenga medidas de privatización de las cajas de ahorro", advirtió.
Pero seguro que no serán las únicas voces contrarias. Las cajas de ahorros llevan casi una década pidiendo su despolitización, que se eliminen las trabas a las uniones entre entidades de diferente región e, incluso, aunque más recientemente, que se puedan dar derechos políticos a las cuotas participativas pero con limitaciones.
El primer intento de despolitizar a las cajas se produjo en 2002, con el PP en el Gobierno. Fue en la Ley Financiera. Se logró limitar a un máximo del 50% el peso político en los órganos de gobierno de estas entidades de ahorro. Es lo único que se consiguió tras varios debates, borradores y negociaciones. Pero el problema de fondo se mantenía. Este porcentaje no garantizaba su despolitización, como así se ha comprobado en varias ocasiones en los últimos años. Y las fusiones interregionales volvieron a ser una utopía.
Otro de los intentos ha sido más reciente. Hace un año, cuando las alertas sobre las cajas de ahorros derivados de la crisis era ya una realidad. Se había producido ya la primera intervención de una de estas entidades por el Banco de España, Caja Castilla La Mancha (CCM). Tras esta escabrosa operación de salvamento saltaron todas las alarmas y el Gobierno, partidos políticos, el supervisor y el propio sector comenzaron a negociar nuevamente la despolitización de las cajas, otorgar voto a las cuotas participativas y eliminar las trabas de los Gobierno autonómicos a las integraciones interregionales. Pero todo, de nuevo se quedó en papel mojado. Sólo hubo acuerdo para crear un Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) descafeinado, como ha asegurado en varias ocasiones el sector, ya que los Ejecutivos regionales siguen teniendo el poder de vetar las fusiones, pese a que una caja pueda estar débil de recursos propios, y los ejemplos de operaciones que han intentado hacer las cajas con homólogas de otras comunidades y se han visto frenadas por los gobiernos regionales han sido múltiples.
Pese a todo, más vale tarde que nunca. Y el sector espera que esta premisa se cumpla. CECA, de hecho, fue la primera en felicitar al Gobierno y al PP por llegar a un acuerdo. El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, consideró el jueves "muy positivo" el pacto. "Para mí es una buena noticia y es fundamental que se lleve de la mano y con acuerdo entre los dos grandes partidos", agregó. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también acepta que se lleve a cabo una "inyección de capital privado" en las cajas "siempre y cuando no pierdan su esencia y filosofía", y ello "sirva para que llegue dinero a la gente" en forma de créditos, dijo.
El principal escollo del acuerdo es que las autonomías al final acepten perder poder sobre las cajas, tanto en sus órganos de gobierno como frente al Banco de España para no poder frenar las operaciones interregionales. Lo mismo pasa con las cuotas participativas con derechos políticos. El temor a abrir la puerta a su privatización continúa arraigado entre algunas cajas, políticos y agentes sociales.
Los trajes a medida, como defiende el presidente de CECA, Isidro Fainé, y uno de los principales artífices de que se pueda llegar a un acuerdo para la reforma de las cajas, están muy bien como definición y deseo. Pero, para que sienten bien el sastre tiene que manejar a la perfección la aguja, el hilo y las tijeras, además de ser un excelente patronista y tomar bien las medidas al interesado, que al fin y al cabo es el que lucirá el traje. Y después de tantos años de tiras y aflojas y dando vueltas al mismo paño puede que el modelo idealizado desde hace tantos años haya quedado anticuado y al modernizarse pierda la esencia que se busca: hacer más fuertes, solventes y eficientes a las cajas sin alterar su naturaleza jurídica. La competencia entre sectores siempre es sana, y en España se ha demostrado durante décadas.
Pero ya no hay tiempo. No se puede improvisar medidas que sólo sirvan de parche. El sistema financiero es prioritario para la supervivencia de un país como ha quedado demostrado en la crisis financiera. Sin banca no hay créditos, y sin créditos no hay economía sostenible. Gobierno y PP se han dado tres meses para reformar por consenso la ley de cajas, y apenas 50 días para reestructurar el sector. Sería deseable que se cumpliera, pero también sería deseable que se lograra con unidad. La prisa, dicen, no es buena consejera, y más si se tiene a última hora. Pero los amagos tampoco.