Un saqueo generalizado

Después de la columna publicada el pasado viernes -¿Hacia el descontrol de los ayuntamientos?- en las páginas de Cinco Días, me escribe un buen amigo interventor municipal con el que tuve un primer contacto epistolar tras un trabajo anterior publicado el 12 de septiembre de 2006 en este mismo periódico, titulado La altura del pozo, a propósito de las aportaciones del magistrado José Luis Martín Pallín en el curso sobre Urbanismo, factor de corrupción celebrado en la UIMP de Santander. Mi comunicante decía entonces que la reclamación de más medios judiciales se quedaba corta, ya que la cuestión decisiva era el control de la gestión económica municipal, tanto el control interno de legalidad y preventivo que corresponde a la Intervención, como el externo y a posteriori del Tribunal del Cuentas.

La preocupación fundamental de nuestro interventor de cabecera residía en el hecho de que las medidas legislativas impulsadas por el PSOE iban en sentido contrario a lo que la lógica demandaba ante la corrupción existente, en muy diversos frentes: el estatuto del empleado público, Ley del Suelo, reforma del régimen local y financiación de los partidos políticos. Señala que a su entender sobra la interrogación de mi columna del viernes pasado porque no estamos ante un caso de descontrol sino de absoluta patente de corso para los nuevos caciques españoles, que vienen a ser todos los alcaldes.

Añade que es imprescindible tener en cuenta que la presión que se ejerce contra los testigos molestos del tinglado inmobiliario -ya sean concejales, funcionarios municipales, jueces, periodistas o miembros de las asociaciones municipales- es tan fuerte que hay que ser un héroe o un mártir para poder aguantarla, o si no es así, contar con un blindaje económico o institucional. Aquí nuestro comunicante parece coincidir con George Orwell, quien nos advertía que 'hemos caído tan bajo que la repetición de lo evidente es el primer deber de los hombres civilizados'.

En los ayuntamientos sucede, como escribe Saul Below (véase su libro Todo cuenta, editado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores; Barcelona, 2005), que enseguida se comprende la ociosidad miserable, pero se rehúsa aceptar la miseria laboriosa. Porque no cabe esperar que las sociedades civiles, cuyo fin último es la supervivencia, sean terreno abonado para el temperamento heroico o inspirado. Porque no necesitan ni estimulan la nobleza, dado que quien profesa una concepción económica de la humanidad no puede consecuentemente creer en la dignidad del hombre ni en la especial importancia del arte y la ciencia. Enseguida cita el ejemplo recientísimo de los dos concejales de IU de Oviedo, que acaban de ser noticia en la prensa por su defenestración dictada por los dirigentes de ese partido como últimos resistentes al ladrillo en Asturias, lo cual les había reportado gran prestigio y credibilidad.

Otro caso relevante que ilustra el coste personal de la resistencia inmobiliaria aparece en un artículo de Arcadi Espada, a propósito de un periodista balear, que concluye dando cuenta de cómo la impunidad del cacique se basa en esa mirada comprensiva y relativista sobre la corrupción que acaba por considerarla un objeto de la antropología antes que de la justicia. Cuestión distinta es que tanto el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), como la mayoría de sus miembros hayan participado en esa mirada comprensiva por razones de pura confortabilidad personal. La experiencia de quienes han resistido ha sido muy dura porque se han visto relegados al abandono como apestados, sin apoyo jurídico alguno. Y las actitudes del propio Eulalio Ávila, actual presidente de Cosital, vienen a probarlo.

Hasta el momento se desconoce actuación alguna de Cosital en pro de la dignificación de los profesionales allí integrados con medidas elementales, como la expulsión de los imputados por corruptos, ni dando relevancia a las buenas prácticas profesionales en cuestiones como las incompatibilidades o la aceptación de regalos de los promotores inmobiliarios o de los contratistas.

Pero conviene distinguir. Porque una cosa es que en todos los casos de corrupción urbanística los políticos municipales cuenten con la necesaria anuencia, por acción u omisión de sus deberes, del secretario e interventor de la Administración local y otra bien muy diferente que siempre que un alcalde se haya querido corromper haya contado con la colaboración de los funcionarios de esos cuerpos. Quede aquí constancia, por lo que valga.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista