La crisis de la economía española sigue, desgraciadamente, sin tocar fondo de manera definitiva. Y no es porque desde estas mismas páginas no se haya hecho referencia tanto a la magnitud de este problema -especialmente en el mundo inmobiliario, que es el que conozco- como a sus soluciones. Ahora que está en marcha una nueva vuelta de tuerca a la reforma financiera y que, incluso, desde Europa están dispuestos a ayudarnos, conviene que nuestros políticos se detengan un segundo a valorar iniciativas como las que propongo.

En primer lugar, me parece determinante que el dinero que se va a destinar a la capitalización de bancos y cajas de ahorros -cualquiera de las multimillonarias cifras que se están barajando estos días me vale- vaya directamente a la financiación de empresas, autónomos y familias bajo la fórmula de un préstamo a bajo tipo de interés. Los emprendedores deben ser el motor y el alma de la recuperación de la economía española, como recientemente defendió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta medida debería complementarse con la toma por parte del Gobierno del stock de viviendas -calculo que hay cerca de un millón-, que dejarían de consumir provisiones por parte de las entidades financieras. Esas viviendas irían destinadas a las familias necesitadas de viviendas, que tendrían un alquiler de un máximo del 20% de sus ingresos mensuales. Ese alquiler podría convertirse en compra a medida que la situación de los inquilinos fuese mejorando, descongelando la hipoteca que pesa sobre el piso correspondiente. Este proceso debería tener una duración de un máximo de 10 años, al término de los cuales las entidades financieras recibirían una compensación por parte del Estado que provendría de los ingresos de los inquilinos de las viviendas puestas en el mercado.

Con estas iniciativas se conseguirían varios objetivos: se eliminarían una enorme cantidad de activos tóxicos de los balances de las entidades financieras; se daría techo a medio millón de familias (como a los damnificados de Lorca) que tienen problemas con sus viviendas; se quitaría del mercado un amplio stock de viviendas, lo que contribuiría a estabilizar los precios del mercado inmobiliario; los promotores y los constructores podrían reactivar su producción; las empresas subcontratistas y los autónomos relacionados con la construcción empezarían a tener trabajo, con lo que el paro se reduciría notablemente; aumentarían los ingresos de las distintas Administraciones públicas vía impuestos, y podríamos empezar a remontar y a encarar con cierto optimismo la salida de la crisis.

Florencio Paredes. Empresario