La presentación de concurso de acreedores por parte de las empresas concesionarias de la autopista Madrid-Toledo (AP-41) se ha convertido en la primera consecuencia de un grave problema a día de hoy pendiente de resolver. Gestionada por Isolux, Comsa, Azvi y Sando, la AP-41 ha reconocido ante el Tribunal Superior de Justicia de Albacete su acuciante situación financiera, que incluye un total de 380 millones de euros de deuda bancaria y otros 250 en calidad de expropiaciones pendientes de pago.

De la decena de autopistas españolas que se encuentran al borde de la quiebra, la Madrid-Toledo ha sido la primera en verse obligada a dar un paso que hasta el momento el Ministerio de Fomento y el propio sector habían querido cuidadosamente evitar. Ello puede abrir la puerta a una cascada de concursos de acreedores por parte de las empresas concesionarias, incapaces de refinanciar unas infraestructuras gravemente deficitarias por culpa de la crisis, la falta de tráfico y la construcción de trazados alternativos gratuitos. La radiografía financiera de esta decena de autopistas en grave desequilibrio económico arroja una deuda conjunta que supera los 4.000 millones de euros, en la que el Estado podría tener que asumir una responsabilidad patrimonial subsidiaria. Desde Fomento se había anunciado la presentación de un plan de salvamento este mismo mes o el próximo, cuyo objetivo sería dar una solución al sector y evitar una quiebra en cadena que no solo puede dañar las arcas públicas, sino ofrecer una imagen desincentivadora para el capital privado que podría invertir en el sector. Todo apunta a que la solución arbitrada por Fomento incluirá una ampliación del plazo de las cuentas de compensación y de las propias explotaciones e incluso la entrada de capital público en aquellas concesiones que no respondan a ninguna de las anteriores medidas de estímulo.

Ello constituye un verdadero plan de rescate para un segmento del mercado de infraestructuras cuyo trazado y planificación refleja, entre otras cosas, los errores e ineficiencias que han guiado numerosas políticas del sector público en los últimos años. No hay duda de que en la actual coyuntura económica es necesario diseñar una solución urgente y razonable que sea capaz de evitar una cascada de concursos de acreedores que no beneficiarán a nadie. Pero tampoco debe olvidarse que la obra pública tiene que estar sometida a un conjunto de criterios de eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad cuya vigencia vaya más allá del corto plazo. Se trata de una asignatura pendiente para España, que exige una profunda reflexión y la adopción de un cambio de modelo que mire al futuro.