La disparidad entre el tipo oficial del impuesto sobre sociedades en España -de un elevado 30%- y el tipo efectivo a abonar, cuya cuantía es considerablemente menor, se debe al beneficioso entramado de deducciones fiscales que contempla la legislación tributaria. Una regulación que nace de la conveniencia de estimular la actividad empresarial y de ofrecer a las compañías múltiples opciones para reducir su factura fiscal. No solo los pequeños empresarios, sino también -y especialmente- los grandes grupos consolidados y las multinacionales se han beneficiado de esta ventaja en los últimos años. En el caso de estos últimos, hasta el punto de que actualmente una gran compañía tributa por el impuesto sobre sociedades a un tipo prácticamente idéntico al de un contribuyente de renta media en el IRPF y, en ocasiones, también sustancialmente menor que el que ha de aplicar una microempresa. Ello supone una evidente distorsión que resulta difícilmente compatible con una mínima equidad fiscal y que, en el caso de las rentas del trabajo, parece condenada a agravarse durante los dos próximos años, tras la aprobación por parte del Gobierno de la mayor subida fiscal en el impuesto sobre la renta desde el inicio de la democracia.
Pese a ello, el nuevo Ejecutivo es perfectamente consciente de la necesidad de modificar el diseño de un tributo que desde 2007 ha experimentado un bajón en su recaudación del 68%. Un lujo que las exangües arcas del Estado no pueden permitirse ignorar, como revela el hecho de que el Plan General de Control Tributario que prepara el Gobierno incluya entre sus objetivos "evitar abusos en el impuesto sobre sociedades". Sin duda aligerar la carga fiscal de emprendedores y pequeñas empresas -que integran el 99% del tejido empresarial- como fórmula para estimular la actividad económica y crear empleo es un objetivo útil y beneficioso. Pero la necesidad de mantener una regulación fiscal que permita a una multinacional aplicar un tipo efectivo menor que una pequeña empresa y similar al de un asalariado de renta media resulta difícil de argumentar.
No es ninguna novedad que España precisa acometer una profunda revisión de su sistema fiscal, un reto que exige responsabilidad, claridad y eficacia. Se trata de una vieja asignatura pendiente que, dada la urgencia de la situación económica actual, todavía deberá esperar. Mientras tanto, los sacrificios tributarios que exijan el Gobierno central o los Ejecutivos autonómicos en la carrera por controlar las cuentas públicas deben ser compartidos por todos sin excepción. Se trata de un esfuerzo doloroso y, como tal, debe resultar proporcionado y eludir traspasar la línea roja de la confiscación fiscal. Situaciones como la de Cataluña, que tras la subida del IRPF contará con el tercer tipo marginal máximo más elevado del mundo, son un ejemplo a evitar.
