CincoDias.com Opinión

El Plan Nacional de Empleo 2003, que será presentado a la Comisión Europea el próximo 1 de octubre, fue aprobado por el Consejo de Ministros el viernes. Es el sexto que se elabora desde que la Cumbre de Luxemburgo de 1997 acordase que todos los Estados miembro debían confeccionar anualmente un plan nacional siguiendo las directrices de empleo europeas para cada periodo.

Como el acuerdo no cayó del cielo, sino que se adoptó tras una intensa campaña de movilizaciones promovida por la Confederación Europea de Sindicatos, el Consejo europeo asumió el compromiso, explícito y subrayado en su resolución al respecto, de dar participación a los agentes sociales de cada país, considerando el diálogo social como una 'condición fundamental para el buen desarrollo de la Estrategia Europea por el Empleo'.

Pero en España nunca ha habido consenso entre los interlocutores sociales y el Gobierno en torno a los planes anuales de empleo. Porque desde el primero de ellos, presentado en 1998, el Gobierno ni ha facilitado el diálogo, ignorando las aportaciones de los sindicatos, ni ha diseñado ningún plan específico, limitándose cada año a recopilar en un texto las actuaciones que las diversas Administraciones públicas vinieran realizando en materia de empleo.

En esta ocasión es más injustificable la burocrática rutina con la que se ha redactado el Plan 2003, porque hace caso omiso de las directrices de empleo europeas que a su vez ponen el dedo en las llagas de nuestro mercado laboral, señaladas muy recientemente por casi todos los organismos internacionales.

La Unión Europea ha vuelto a insistir en la mejora de la calidad y de la productividad del trabajo, reduciendo la precariedad y la siniestralidad laboral por un lado, al tiempo que se impulsan las inversiones en investigación, desarrollo e innovación, retos en los que nuestro país está a la cola de Europa.

Sin embargo, el documento gubernamental no incorpora ninguna iniciativa nueva contra las dos primeras lacras de nuestro mercado laboral y respecto al desarrollo de la sociedad de la información se remite exclusivamente al Plan España.es 2004-2005, de la misma manera que antes se refirieron al Info XXI, que pasó a mejor vida sin resultado tangible alguno.

Las otras dos orientaciones comunitarias para los planes de empleo tienen especial interés para España, puesto que conectan dos graves deficiencias sociolaborales. La tasa de empleo en general, sobre todo, la femenina y la igualdad de oportunidades para favorecer la inclusión social de las mujeres y otros colectivos (jóvenes, parados de larga duración, inmigrantes y discapacitados).

Nada se propone en el plan en cuestión para aproximarnos al objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar en 2005 el 67% de tasa de empleo global y el 57% para las mujeres. Como es sabido, nuestra tasa de empleo femenino está en el 42%, 15 puntos por debajo de la cota que deberíamos alcanzar en un par de años.

Tampoco se cumple con la recomendación comunitaria de llegar con medidas de inserción al 100% de los jóvenes que lleven menos de seis meses en el paro y a los adultos que estén en esa situación menos de un año, el plan del Gobierno apenas tratará al 66% de estos colectivos y reduce respecto del año pasado las acciones para atender a los demandantes de empleo.

Actuaciones que no podrán implementarse si, por cierto, no se potencia la eficacia de los servicios públicos de empleo procediendo cuanto antes a una ampliación de personal, estimada en 1.500 personas, aproximadamente.

No ha querido el Gobierno incluir tampoco medidas que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar, como la dotación de más plazas de guarderías para niños menores de tres años, ni ha concretado sus objetivos en formación permanente de adultos.

Con estas rutinarias y sordas maneras del Gobierno se pasará el trámite de presentar un plan de empleo en Bruselas, pero nuestro mercado de trabajo seguirá suspendiendo todos los exámenes imprescindibles para ir ganando posiciones cara al futuro.