El Tesoro ha hecho un trabajo razonablemente aseado durante 2012, pese a que el endeudamiento neto del Estado ha crecido en más de 96.000 millones de euros, hasta cerrar el ejercicio en 688.231 millones de euros. Pese al afloramiento súbito de partidas embalsadas de potenciales impagados en la economía -fundamentalmente la deuda a proveedores de todas las Administraciones territoriales o el rescate bancario- y la partida de nuevo déficit del Estado, el Tesoro ha logrado cerrar el ejercicio con una mejora sensible en la vida media de la deuda, así como en el tipo medio de interés de emisión de todo el saldo vivo, dos variables que habían entrado en acelerado deterioro desde que se inició la crisis, pero sobre todo desde el verano de 2011.

Aunque una parte notable del mérito -seguramente la mayor por cuanto proporciona estabilidad y certeza a un cuestionado euro- sea del Banco Central Europeo con su amenaza de sacar armamento pesado contra los especuladores, el Tesoro ha reequilibrado el calendario de vencimientos, con un trasvase lento hacia los medios y largos plazos, sobre todo con bonos a tres y cinco años y obligaciones a diez, cuya participación en el endeudamiento vivo agregado sube en 18.000, 21.000 y 22.000 millones respectivamente, con la vuelta de dinero extranjero.

Aunque en paralelo desciende la dependencia de los títulos a 12 meses, crece en el de seis, lo que propicia que el alivio en los calendarios de emisiones a futuro no sea todo lo confortable que podría serlo en caso de haber renovado más papel a largos plazos. Evidentemente, es el mercado el que determina en cada momento el plazo más conveniente de emisión, y es evidente también que los plazos cortos son menos gravosos para la partida de gastos financieros, sobre todo desde que el BCE apuntó a tales emisiones como las susceptibles de adquirir en el mercado secundario en caso de petición de ayuda financiera.

Pero el riesgo fundamental está alojado en el crecimiento exponencial del volumen de deuda, que habría cerrado este año 2012 en el umbral del 90% (más de 900.000 millones de euros contabilizando la de ayuntamientos y comunidades autónomas), y que podría superar el 100% en 2016 de dar por buenos los cálculos del FMI. Ya un 90% de deuda es de difícil financiación, porque el mercado ha observado qué velocidad ha tomado para pasar del 36% en 2007 al 90% en seis años, y solo con un control estricto de los gastos y la recuperación del crecimiento económico es creíble que pueda ser financiable. El cumplimiento estricto de los objetivos pactados con Bruselas en esta materia es vital para ganar credibilidad. Si se siguen produciendo desviaciones y se sobrepasa la barrera del 100% volverán las dudas de los financiadores y el coste será tal, que hasta el ahorro interno preferirá la garantía pública al riesgo privado.