Los colegios profesionales están a la espera de una nueva regulación, cuya aprobación es inminente y supondrá una verdadera catarsis para unas instituciones con un largo bagaje a sus espaldas. A lo largo de esa evolución histórica, el número de profesiones que ha desarrollado su propio colegio ha crecido de forma absolutamente exponencial. Hoy en España existen 1.650 colegios, que aglutinan a un total de 1,5 millones de profesionales. Un número desorbitado que se explica no solamente por el aumento de los distintos oficios y profesiones que se han organizado por medio de estas instituciones, sino por la multiplicación de sedes de estos mismos organismos en la gran mayoría de las provincias y ciudades españolas.
La norma que prepara el Gobierno, cuyo estudio en el Consejo de Ministros está previsto para finales de septiembre, tiene como gran objetivo mejorar la competitividad en el sector a través de la eliminación de las barreras "injustificadas y desproporcionadas" que generan estos servicios. Una mejora de competitividad cuyo efecto puede tener un considerable reflejo en la actividad económica, dado que los servicios profesionales aportan casi un 10% del PIB nacional.
El Ejecutivo pretende realizar esa suerte de revolución en el sector con la puesta en marcha de tres grandes medidas: la reducción del elevadísimo número de órganos colegiales existentes en la actualidad, la supresión de la colegiación obligatoria a la mayor parte de los profesionales -tal y como ya propuso en su momento el anterior Ejecutivo socialista- y la reforma de las reservas de actividad. Un extremo, este último, que en el caso de los médicos o abogados, por ejemplo, es muy fácil de delimitar. Pero no así en profesiones como la ingeniería, donde la diversidad de titulaciones hace que se solapen los límites competenciales y que no resulte en absoluto sencilla una separación de estos.
Racionalizar el número de colegios que existen en España, con la supresión de aquellas sedes y organismos que no justifiquen su mantenimiento, no es más que el traslado al sector de los servicios profesionales del ejercicio de austeridad y control de gasto que se viene realizando como consecuencia de la crisis en los sectores públicos y privado. Es muy probable que si esa reordenación de colegios se lleva a cabo finalmente, provoque una oposición frontal por parte de unas instituciones dispuestas a luchar sin tregua por su supervivencia.
A ello habrá que sumar el verdadero caballo de batalla de esta reforma: la supresión de la obligatoriedad de colegiación en casi todas las profesiones, a excepción de los médicos que no trabajen en la Seguridad Social, los abogados en ejercicio y, probablemente, los arquitectos. Desde los colegios se argumenta que una revolución como esa lo que haría es transformar estas instituciones en asociaciones de profesionales, lo cual puede ser cierto, pero es algo que no tiene necesariamente por qué resultar perjudicial.
Suprimir la colegiación obligatoria supeditará la supervivencia de los colegios a la prestación de unos servicios lo suficientemente útiles y eficaces como para justificar el pago de una cuota de abono por los profesionales. Por primera vez, estos organismos tendrán que salir a buscar a sus colegiados a la calle y hacerlo con una cartera de prestaciones bajo el brazo que resulte ágil, flexible y atractiva. Ello los obligará a bajar a la arena del mercado y a competir por ofrecer un valor añadido que justifique su supervivencia.
Además, la supresión de algunas reservas de actividad cuyo mantenimiento está en estos momentos en cuestión completará la línea liberalizadora por la que ha abogado en más de una ocasión la Comisión Nacional de Competencia. Todo ello pretende redundar en la mejora global del mercado de servicios profesionales en España, así como en un aumento de su competitividad y en una racionalización suficiente del control sobre el ejercicio de las profesiones. En ese ambicioso camino, los colegios deberán buscar su propio lugar en una economía que está en constante transformación.
