CincoDias.com Opinión

Es época de cambios. Al menos, eso es lo que se espera de una nueva legislatura y de un nuevo Gobierno. A estos cambios no es ajeno, no lo debe ser, el ámbito tributario. José Luis Rodríguez Zapatero mencionó algunos de ellos en su discurso de ayer. Es el caso de los famosos 400 euros, el adelanto de las devoluciones en el IVA, la reducción de la carga fiscal de la rehabilitación de viviendas, la desaparición del impuesto sobre el patrimonio, la actualización del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la continuación de las acciones de lucha contra el fraude, así como nuevos modelos de financiación autonómica y local.

Siendo importantes estos cambios, la actual situación de incertidumbre económica y la realidad de las cosas hacen necesarios y urgentes algunos más. Una medida eficaz es crear un clima de confianza. Nuestro sistema tributario no se caracteriza por ello. Normas cuya finalidad es el fomento de determinadas actividades -los ejemplos son muy numerosos- se han visto vacías de contenido por interpretaciones forzadas, que han hecho que pierdan su finalidad.

Sin duda hay que formular un nuevo sistema de financiación autonómica, acorde con la modificación de los estatutos de autonomía. Nuestra Constitución, al menos en las comunidades de régimen común, impide un modelo a la carta, tal y como se pretende desde algunas de ellas. Ahora bien, no se debe de caer en un craso error: desvincular la financiación autonómica de la local. Ayuntamientos y diputaciones requieren, urgentemente, una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para acabar, de una vez por todas, con su estatuto de Haciendas subsidiadas por el Estado (los datos expuestos por el presidente en funciones son buen ejemplo de esto último).

En este proceso resulta esencial la implicación de las comunidades autónomas, para hacer efectivas, de una vez por todas, las Picas (participaciones en ingresos de las comunidades autónomas), previstas constitucionalmente, pero olvidadas hasta el momento.

La reforma contable establecía la regla de la neutralidad fiscal. Sin embargo, la aplicación de la nueva contabilidad puede incrementar la factura fiscal de las empresas. Por ello, se hace necesaria bien una reforma del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades o una interpretación correctiva de la redacción vigente y que impida efectos tributarios no pretendidos por el legislador. En esta línea se encuentra el decreto-ley prometido hace unos días que permitirá que estos efectos se visualicen en el pago fraccionado a realizar en el mes de abril. Adicionalmente, entiendo que la situación de incertidumbre económica aconseja realizar un esfuerzo presupuestario, reduciendo, de nuevo, el tipo de gravamen aplicable a las empresas. Desconozco si esto último será posible, pues uno de los principios de la política económica del previsible nuevo Gobierno será, en cita textual del discurso, una 'política fiscal y presupuestaria cauta y prudente'.

La Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido ha quedado obsoleta. Existen directivas sin transponer y la Dirección General de Tributos se ha visto abocada a realizar interpretaciones creativas, aplicando directamente el Derecho comunitario, dejando a un lado la normativa española.

Hay que reformar el régimen de las actividades económicas en el impuesto sobre la renta y que no fue objeto de cambios sustantivos con la nueva ley del tributo. Ello se debe, entre cosas, a su necesaria adecuación al impuesto sobre sociedades, pues carece de sentido la diferencia de trato según su titular sea una persona física o jurídica. En definitiva, avanzar en un nuevo régimen tributario del trabajador autónomo, limando los excesos del régimen de módulos.

Por último, todos estos retos requieren de una reforma orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda. Carece de sentido que la cocina tributaria de nuestro país, es decir, la Dirección General de Tributos, sea una simple dirección general. Hay que elevar su rango para permitir que, en las mesas de negociación, se hable de igual a igual.

Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense