El reto pendiente del arbitraje

La nueva Ley de Arbitraje, fruto de la reforma del texto legal aprobado en 2003, entra hoy en vigor. Se trata de un texto ambicioso cuyo objetivo es ahondar en una regulación más eficiente de esta fórmula de resolución de conflictos y perfeccionar en lo posible su funcionamiento como medio alternativo a la actuación de jueces y tribunales. En cuanto al primer objetivo, el texto aborda cuestiones que se han ido revelando como fundamentales a lo largo de los últimos años y cuya inclusión en la ley ha sido demandada con denuedo. Es el caso de la impugnación de los acuerdos sociales de las compañías, un tipo de controversia que a partir de ahora podrá someterse a la decisión de un árbitro, con lo que ello supone de agilización para la vida de la empresa en particular y el tráfico mercantil en general. En cuanto al segundo objetivo, la nueva ley aspira a reducir hasta un 30% la carga de trabajo de los tribunales. Junto a estos indudables aciertos, existen asignaturas pendientes que no han sido abordadas con la contundencia necesaria, a juicio de buena parte del sector. La más importante de ellas es el diseño de una regulación sobre arbitraje internacional lo suficientemente competitiva y capaz de convertir a España en una potencia en materia de resolución de conflictos mercantiles transfronterizos.