En los 31 días de octubre se registraron cerca de 193.000 nuevos parados en los servicios públicos de empleo, la mayor subida de la historia, y la Seguridad Social perdió 101.800 cotizantes; tantos como empleos destruidos. Por dimensionar el problema, cabe recordar que en EE UU saltaron las alertas cuando se conoció que en septiembre desaparecieron 159.000 empleos, es decir, uno de cada 1.000. Por contra, en España se ha destruido uno de cada 200. Son datos lo suficientemente alarmantes como para preguntarse qué falla en el sistema productivo español que crea tanto empleo en los buenos tiempos, pero que los destruye con mucha celeridad. Ocurrió en anteriores crisis y ahora se repite. Se trata, pues, de un problema que va más allá de la profunda crisis. Es un mal estructural y combatirlo resulta prioritario.

La mala situación está acrecentando los defectos crónicos del sistema productivo, concentrado en la construcción y el turismo. La fuerte pérdida de empleo es fruto también de la falta de liquidez -que pone en peligro la continuidad de muchas empresas- y de la atonía de la demanda interna. Por eso, son acertadas las medidas del Gobierno para intentar sujetar tanto el consumo como la inversión y, por supuesto, para abrir los canales financieros sin los cuales es imposible retomar la senda de crecimiento. Pero las medidas a corto plazo, aunque necesarias, son insuficientes.

El Gobierno ha anunciado que a las medidas de choque seguirán reformas estructurales. En estos momentos, el Ministerio de Industria trabaja, con sindicatos y patronal, en la elaboración de planes de emergencia para determinados sectores. Sin duda, son necesarios, pero lo es más establecer un marco industrial competitivo que facilite la creación, la implantación, el desarrollo y la continuidad de empresas de valor añadido. Y no sería bueno asimilar valor añadido sólo con nuevos sectores. Muchos de los considerados como tradicionales siguen teniendo una gran capacidad de crecimiento y de creación de empleo.

El cambio de modelo productivo implica apostar por la industria en su conjunto. Y para ello, hace falta una política ambiciosa que contribuya a que las empresas españolas ganen competitividad. Se trata de poner las bases que permitan que, cuando la crisis remita, tanto los sectores tradiciones como los nuevos dispongan de un marco que favorezca el rápido crecimiento. Para ello, es necesario suavizar todos los hándicaps con los que se encuentra la empresa en España; males conocidos pero sin respuestas. Como una energía cara, que merma la competitividad de muchas actividades manufactureras, una burocracia poco amigable que detrae recursos de las empresas, un marco fiscal manifiestamente mejorable, una universidad escasamente apegada al sistema productivo que no facilita el desarrollo de la I+D+i, un sistema formativo incapaz de generar los profesionales mejor capacitados que demandan las empresas, un mercado laboral poco flexible o unas estructuras de costes alejadas de las de otros países europeos.

La batería de medidas es realmente amplia, pero el primer paso es asumir que la empresa española precisa un nuevo marco que le facilite competir en mejores condiciones y, por tanto, crear empleo sólido, que es la mejor forma de combatir el paro.