La sociedad española ha acogido con cierta indignación el inesperado anuncio del secretario de estado Jaime García-Legaz de introducir en nuestro ordenamiento jurídico un régimen de residencia por inversión como el que rige en países de nuestro entorno. Desde los sindicatos hasta la misma patronal, pasando por partidos políticos y contertulios varios, son muchos los que han manifestado su rechazo a esta medida, seguramente por su desconocimiento de la misma e influidos por la tremenda sensibilidad de nuestra sociedad actual ante cualquier cuestión que afecte a la vivienda, la distribución de la renta o el orgullo nacional. Los autores, como impulsores desde hace tiempo de esta medida, incluso desde esta misma tribuna, se sienten obligados a aclarar algunos aspectos de una propuesta que aún requiere mejoras.
En primer lugar, el régimen de residencia por inversión es habitual de muchos ordenamientos jurídicos, en los países anglosajones desde hace décadas y hasta en Portugal desde este mismo año. Su introducción no implica menoscabo alguno para los regímenes vigentes de residencia por trabajo, arraigo y otras muchas modalidades que aparentemente no sufrirán cambio alguno. Tienen poco sentido las quejas de ciertos colectivos de inmigrantes que se han beneficiado ya de procesos de regularización extraordinaria y una regulación acorde con los estándares europeos. Es más, si los "inmigrantes ricos" pagan tasas elevadas por sus "papeles", como ocurre en Portugal, este dinero podría ayudar a financiar una costosa administración de extranjería, dentro y fuera de nuestras fronteras, que podría redundar en beneficio de todos.
En segundo lugar, para los que esperan de los "nuevos ricos" rusos y chinos la salvación del sector inmobiliario, es muy probable que deban aguardar décadas hasta que les podamos vender ni siquiera una pequeña fracción del millón de viviendas que acumulamos. Sin duda, el umbral fijado por García-Legaz ha sorprendido por ser el más bajo de todos los países y pretende probablemente dar salida al prototipo de inmueble predominante, en torno a los 160.000 ¤ de valor. Asimismo, el umbral se encuentra curiosamente muy cerca del mínimo de 150.000 ¤ que ha marcado el "banco malo" para su seleccionar su cuantiosa cartera de inmuebles. Imaginamos que sindicatos y patronales preferirán que al menos una parte de aquellos inmuebles sean adquiridos por extranjeros, en lugar de ser cubiertos con los impuestos de todos los españoles.
En un entorno de fuerte competitividad por el capital y el talento, los países están obligados a ser atractivos y España debe situarse en el mapa de aquéllos que permiten a los inversores disfrutar de sus inmuebles o bien obtener una renta. El actual régimen de residencia no lucrativa no admite la segunda opción, mientras que el permiso de trabajo por cuenta propia es ambiguo, arbitrario e incierto en su resultado. Resulta imprescindible contar con un régimen de residencia por inversión claro, cierto y rápido en su trámite para poder competir al menos con Portugal, Francia o Italia. Dicho régimen sería lógicamente aplicable tanto a inmuebles como a otras inversiones. No son pocos, por ejemplo, los graduados indios de MBA en escuelas de negocio españolas que, después de gastar 60.000 euros en sus masters, quisieran permanecer en España y probar suerte con algún negocio. A pesar de la utilidad de esta medida, queda aún trabajo por hacer y algunas dudas por despejar. Estos días, las redes sociales chinas hervían con noticias y comentarios al respecto del anuncio de García-Legaz. Se planteaban serias y lógicas dudas sobre si la residencia implicaría beneficios en cuanto a sanidad o educación, elementos muy valorados por los chinos, y si conllevaría también la residencia fiscal, en un momento en que muchos empresarios de la comunidad china se sienten "perseguidos" por el fisco tras la Operación Emperador.
Por su parte, inversores rusos manifestaban su descontento ante una medida que llega tarde para algunos que ya han gastado sus ahorros en casas en Salou, Altea o Marbella. Para aquéllos, la posible retroactividad de la nueva ley sería una excelente noticia. En definitiva, pues, el servicio exterior español deberá esmerarse en explicar a rusos y chinos que estamos aún debatiendo esta medida y que, aunque no ha sentado bien a muchos de nosotros, seguimos necesitando el rescate, ya sea de los contribuyentes alemanes o de los nuevos ricos del Este y Lejano Oriente.
Jacinto Soler-Matutes es Socio de Emergia Partners y Profesor de la Escuela de Asia Oriental de la Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Lijing Ye es Socia de Emergia Partners en Shanghai.
