La renta disponible es la madre del crecimiento
En mayo de 2009, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, nueva en la plaza, anunció que ya había brotes verdes en la economía española, parafraseando una expresión afortunada apropiada para la economía norteamericana que había utilizado Benjamin Bernanke por aquellas fechas. Pero si era acertada en Estados Unidos, desde luego que era inadecuada para España, donde la contracción de la actividad económica, la destrucción de riqueza y la avalancha de despidos estaba en pleno apogeo. Nada menos que un año completo más tardó la economía española en recuperar el crecimiento, que parece haberse consolidado tras un tercer trimestre de 2010 al borde del abismo, en el que la restricción del gasto público y las subidas de los impuestos habían cercenado la demanda interna. Y seguramente nada menos que otro año largo tardará la economía en convertir los brotes verdes del crecimiento en los frutos maduros del empleo, única circunstancia que permitirá considerar superada la crisis, aunque recuperar los niveles de ocupación y riqueza previos a la recesión cueste un lustro.
Enterrado el neokeynesianismo practicado en toda Europa, en todo el mundo, para contrarrestar la caída de la demanda, los Gobiernos, el español también, se han quedado sin plan A. Las exigencias de los mercados financieros, que proponen y disponen dónde arriesgan y dónde no su dinero, han obligado a los dirigentes políticos a buscar alternativas menos intervencionistas, planes B, que recompongan los fundamentos del crecimiento por otras vías, aunque sus resultados sean más lentos. Perdida hace más de una década la herramienta monetaria y cambiaria en España, y limitada ahora y por una temporada larga la fiscal por los imperativos financieros, no hay más estímulos en manos de los administradores que la liberalización de los mercados de bienes y servicios, así como flexibilizar los mecanismos de determinación de precios y de costes para recuperar la competitividad perdida, única vía de las empresas para rescatar ventas, beneficios, inversión y empleo.
Todas las reformas necesarias, sobre cuya relación se han compuesto cientos de peticiones, lograrán recomponer primero las variables intangibles de la economía, la confianza básicamente, para activar después las tangibles, la inversión y el consumo. Por el momento, la destrucción de empleo, ya limitada a los últimos coletazos de la crisis, mantiene paralizadas las expectativas de los agentes económicos, que no consideran despejado el camino para tomar decisiones de riesgo.
El componente más determinante del estado de ánimo de la sociedad en términos económicos es la renta disponible agregada, que en ningún momento desde que comenzó la crisis ha dejado de ajustarse, de descender. En 2010, con la pérdida de empleo, la congelación o descenso de los salarios nominales, la dentellada de la inflación y las subidas de impuestos, la renta disponible de los asalariados españoles tuvo una contracción de cerca de 29.000 millones de euros, casi un 3% del PIB. Esta pérdida de renta, que en absoluto recogió el alivio que pueda suponer la renta temporal del desempleo o las indemnizaciones por los ajustes de plantilla, ambas también descendentes en 2010, se vio agravada por el efecto pobreza que genera la pérdida de riqueza inmobiliaria y financiera en las familias, que en 2010 fue aún muy intensa.
Mientras la población no detecte un incremento de la renta disponible y le atribuya la condición de permanente, será muy difícil que modifique su actitud hacia el consumo de bienes de uso duradero y hacia la inversión, especialmente aquella que precise de financiación ajena. Las reformas de los mercados son las que tienen que recomponer la confianza, incrementando la oferta para estimular la demanda. Pero debe tener el imprescindible acompañamiento del ajuste del sistema financiero y de la financiación autonómica, las dos patas aún sensibles y mejorables por la desconfianza que generan en los mercados exteriores. Seguramente en paralelo, una vez que los administradores restablezcan la estabilidad de las finanzas públicas, deberían activar otra serie de variables tangibles que den consistencia a la confianza, fundamentalmente una rebaja considerable de la fiscalidad que afecta directamente a la creación de empleo.